El Estado del Antiguo Régimen. Monarquía absoluta.

La primera referencia histórica del Estado es el Estado absolutista. Este tipo de Estado aparecería geográficamente en Europa a partir de los siglos XV XVI y llegaría, de manera general, hasta finales del siglo XVIII y principios del xix. Se caracteriza por ser una respuesta a la fragmentación y policentrismo del poder político medieval, sustentado por fuertes monarquías territoriales que someten y aglutinan en su entorno a la anti¬gua organización feudal de la Edad Media. En sus antecedentes inmedia¬tos, durante la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, se asiste a un proceso de reducción de la poliarquía medieval y a una concentración de poder en manos de los príncipes. Las tradicionales relaciones de vasallaje y servidumbre que habían sido características del modelo feudal van dejando paso a otro tipo de relaciones, las de monarca súbdito, unificán¬dose así un tipo de relación que tradicionalmente había sido más hete¬rogénea. En este proceso, los príncipes centralizan bajo un modelo burocrático toda una serie de poderes que hasta el momento habían esta¬do en manos de distintos señores feudales: ejército, justicia, policía, administración financiera, etc. La nobleza se constituye en el grupo social preeminente, tanto por su peso en el ejército como por su peso político, participando, tras las primeras guerras por el liderazgo, en la consolidación del nuevo poder regio unificador y centralizado. Los monarcas consiguen paulatinamente monopolizar la emisión de monedas y la mayor parte de los impuestos. La figura 1, muestra cómo los procesos de centralización y concentración impulsaron la configuración del Estado moderno, a partir de los siglos XV y XVI.
El poder legitimador de los reyes, príncipes en el lenguaje de la época, se fundamentaba en el iusnaturalismo, es decir, en una mezcla de explicación teológica y natural: se era rey tanto por poder divino como por la propia naturaleza de las cosas. Dos de los teóricos más importan¬tes que justificaron la supuesta supremacía de los reyes en ese proceso de construcción y justificación del Estado absoluto fueron Maquiavelo y Hobbes. Nicolás Maquiavelo puso en el concepto de unidad una de las piezas clave para la construcción ideológica del Estado absoluto. Para Maquiavelo el motor creador de un Estado es el propio príncipe que con suficiente poder militar y económico es el eje sobre el que vertebra la nación natural y el poder político supremo. De tal manera que es el prín¬cipe el único que debe monopolizar la fuerza y el Derecho. Particular¬mente, sería la fuerza el último recurso necesario para mantener el orden y la unidad del Estado absoluto. Consideraba que en el príncipe deben concentrarse todos los poderes del Estado con el fin de asegurar el orden para que la comunidad política pueda existir y vivir en seguridad. El príncipe, para Maquiavelo, tiene jurídicamente todo el poder constituyente, el poder de legislar y el de gobierno. Por otro lado, Thomas Hob¬bes consideraba que los hombres están en un estado de guerra permanen¬te con los demás. Carentes de seguridad fisica, estimaba que los hombres pactaban una especie de contrato abstracto en el que renunciaban a sus respectivos poderes y se los atribuían todos a un tercero: al Príncipe que, representando a la comunidad, detentaba el poder soberano del Estado y que con la auctoritas tenía el derecho a ser obedecido en todo.
Los importantes cambios económicos que se suceden con la expan¬sión del comercio y con el descubrimiento de nuevas tierras en ultramar, facilitarían, también, la consolidación de este tipo de Estado. El ejército permanente y unificado tiende a sustituir a los mercenarios. El Estado, concentrando el monopolio de la fuerza, se convierte en un instrumento útil de aquel capitalismo embrionario, inicialmente mercantilista y finan¬ciero, en su proceso de acumulación. Los monarcas se ven en la necesi¬dad de proteger la economía de sus reinos para competir con los restan¬tes. Con frecuencia se ha visto el absolutismo como resultado de un equilibrio entre las clases dominantes, aristocracia feudal y burguesía mercantilista. En cualquier caso, manifiesta el inicio de un ligero prota¬gonismo de la burguesía en la esfera política que desencadenaría, siglos más tarde, en un proceso revolucionario que acabaría con el Estado absolutista.
El absolutismo, reforzado teóricamente con las aportaciones de Ma¬quiavelo o Hobbes entre otros, fue la doctrina política que pretendió jus¬tificar el Estado absoluto, en una palabra, el derecho de los príncipes a concentrar en ellos mismos el poder supremo de la comunidad, monopolizar el recurso al Derecho y a organizar la vida militar, económica e incluso religiosa de sus respectivos reinos.
El Estado absoluto, personificado por un mo¬narca legitimado por el derecho divino, tuvo que controlar y reducir cuatro grandes resistencias para afirmarse: la de la nobleza en sus comienzos, la de las ciudades dominadas por oligarquías gremiales que gozaban de fueros especiales y franquicias, la de muchas instituciones tradicionales que como la Iglesia eran muy celosas de sus privilegios, y de los campesinos que representaban la totalidad de la población. En este Estado absoluto, caracterizado por la total ausencia de mecanismos de representación política, más allá de ciertas corporaciones gremiales en las ciudades, la burguesía mercantil sería la clase más favorecida por el Estado gracias al régimen de monopolio y explotación de las colonias y al proteccionismo del mercado interno. Aun así, la bur¬guesía ciudadana quedaba, en lo sustancial, marginada de los centros de decisión política.
La guerra fue, durante este proceso de construcción y consolidación del Estado absoluto, una institución que galvanizaría a la población en un sentimiento de identidad patriota. El recurso a la guerra, frecuente durante estos siglos, pasaría de ser una guerra entre reyes a ser guerra entre naciones. De tal manera que los ciudadanos y campesinos, que
eran obligados a combatir y a sufrir las consecuencias de las guerras, reforzaron cada vez más la necesidad de reclamar sus derechos como servidores de la nación. En este enfrentamiento entre el poder político de los monarcas absolutistas y las fuerzas sociales, las viejas asambleas par¬lamentarias heredadas de la Baja Edad Media, donde se reunían los diversos estamentos, poderes locales y territoriales, constituyeron con el tiempo un elemento limitativo del poder absoluto. Mientras que tradicio¬nalmente las asambleas eran convocadas arbitrariamente por el rey para sondear opinión y consejo sobre temas trascendentes para el reino, más tarde tienden a independizarse del poder de convocatoria real y exigir participar en las decisiones más trascendentales. En este complejo y len¬to proceso, ya que cada reino tuvo su propia evolución y su idiosincrasia, el Estado absoluto supone una importante afirmación de la nueva maquinaria de organización política, precisamente porque contribuye a superar la poliarquía medieval y a aglutinar en un tejido económico social la identidad nacional de la población. Con el tiempo, las clases marginadas del proceso de decisión política absolutista, la burguesía, el incipiente proletariado y el campesinado, generarían una serie de revoluciones con el fin de derrocar el modelo absolutista y reclamar para sí una serie de derechos y de protagonismo en los procesos de decisión política.

El Estado liberal

El cuestionamiento sobre el absolutismo y su lentitud y dificultad para responder a las demandas sociales, hicieron estallar una serie de revoluciones liberales que derrocaron la preeminencia del Rey y del Estado absoluto. El Ancien Régime basado en una escasa movilidad social y en una, por tanto, rígida estructura de clases se manifestaba incompatible con el dinamismo económico y social de las revoluciones industriales. El impacto del siglo de las luces y, particularmente, su vertiente racionalista, marcarían profundamente la concepción liberal del Estado. Esta con¬cepción racionalista, junto con la consolidación del capitalismo como modo predominante de producción, serían dos de las características estructurales del Estado liberal clásico.
El Estado liberal encuentra sus premisas empíricas en tres acontecimientos históricos: en la revolución inglesa del siglo XVII, en la revolución de las 13 colonias británicas en Norteamérica y en la revolución francesa de 1789.Inglaterra fue el primer país donde la nobleza se unió con la burguesía para crear una clase influyente que limitaría la capacidad de maniobra del rey y la posibilidad de este de imponerse al parlamento. De esta forma, las cortes estamentales inglesas se transformaron paulatinamente en un moderno parlamento con fuerte capacidad de influencia pero donde sólo estaban representadas las clases sociales más altas. A lo largo de este proceso de limitación del poder, el Estado liberal desarrollaría una serie de elementos esenciales. Nos referimos, por una parte, a la división de poderes, al reconocimiento de una serie de derechos fundamentales del ciudadano y por otra parte al imperio de la ley frente a la arbitrariedad del modelo absolutista. En su vertiente política el Estado liberal se fundamenta en la división de poderes como instrumento de limitación del poder. Las primeras referencias teóricas de esta concepción se hallan en Locke. Más tarde, Mostesquieu elaboraría la clasificación tripartita que se ha mantenido en el tiempo y es la piedra angular de la democracia representativa: el poder legislativo, encargado de legislar, el poder ejecutivo, encargado de llevar a cabo las decisiones legislativas, y el poder judicial, encargado de velar por la legalidad de las decisiones políticas y por el cumplimiento de las reglas de juego. Respecto al imperio de la ley, este concepto se basa en que las normas jurídicas generales y abstractas deben ser aprobadas por los legítimos representantes del poder y no, como era regla en el Estado absoluto, por la arbitrariedad del Rey. El soberano no era ya un delegado de Dios, situado por encima del Estado, sino que era un mandatario del pueblo dentro del Estado. Por tanto, sería el Parlamento la institución central para ejercer el poder político en función de la voluntad general y no por mandato imperativo como era habitual en los parlamentos pre liberales. El reconocimiento de una serie de derechos individuales sería, también, otra de las características definitorias del modelo liberal. Así, tanto la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia revolucionaria como las primeras enmiendas de la constitución norteamericana de 1791, recogían una serie de derechos impensable en el antiguo modelo absolutista. Derechos que serían fundamentalmente civiles y en menor medida políticos. Hemos de considerar que los partidos políticos no eran bien vistos por el modelo liberal al estimar que iban en contra de la voluntad general y un atentado para la supuesta unicidad del Estado nación. El modelo del parlamentarismo liberal presupone que dentro del parlamento no existen contrastes profundos de intereses sino diferencias de opinión, el diputado parlamentario no era representante de un determinado grupo, sino del pueblo entero. En aquellos países donde, como en España, se mantiene el modelo monárquico, el sistema político del Estado liberal se asienta en el principio de soberanía compartida entre el rey y el parlamento, donde el sistema de representación se fundamenta en el sufragio censitario, es decir, sólo aquellos ciudadanos con determinado nivel de ingresos o con determinadas categorías profesionales, podían ejercer su derecho a voto. El modelo liberal, por tanto, era contrario al principio de igualdad y altamente oligárquico.
Todo este proceso de revoluciones liberales que se expandirían, bajo la influencia de la revolución francesa, a lo largo del siglo XIX no fueron homogéneas en el espacio y en el tiempo. Aun considerando que el modelo de Estado liberal se consolidaría, de manera general, en Europa en el siglo XIX, hasta 1917 subsistiría uno de los Estados absolutos más característicos y desencadenante de una revolución con extraordinaria proyección internacional: la Rusia zarista.
La plasmación económica del Estado liberal sienta sus bases en el sistema capitalista y en las aportaciones doctrinarias de la economía política. La obra de Adam Smith, David Ricardo y toda la escuela de economistas clásicos, formula que el Estado ha de mantener un intervencionismo muy limitado y que es la propia sociedad civil la que, en plena libertad, ha de actuar en busca de sus intereses particulares. La ley de la oferta y la demanda propugnada por la economía política liberal iría en contra del rígido modelo absolutista. Así, la abolición de las relaciones de señorío, la supresión de gremios y corporaciones mercantiles y la limitación del poder de la Iglesia eran condiciones necesarias para el progreso y la modernización del que hacía gala el modelo liberal. El Estado, por tanto, había de tener un protagonismo mínimo, limitado a garantizar el orden público interno, la defensa frente a otras potencias y la realización de algunas obras y servicios de interés público. Este abstencionismo del Estado liberal no evitaría la necesidad de unos ingresos con los que hacer frente a aquellos gastos. Simultáneamente al desarrollo del Estado liberal, aparecen también las políticas fiscales a través de la vía impositiva, pri¬meras referencias de intervención del Estado en la sociedad. Además, el nivel de intervención del Estado en la sociedad aumentaba en la misma medida que los Estados se dotaban de poderosas máquinas militares con las que mantener y conquistar colonias y defender estas de los mismos afanes colonialistas de otras potencias. Así, los Estados liberales del siglo XIX, como puede verse en el capítulo de este libro sobre las relaciones internacionales, estaban en un estado de guerra casi continuo: guerras como la austro prusiana, greco turca, de Crimea o franco prusiana, manifestaban, por un lado, la tradicional agresividad de sus políticas exteriores y, por otro, el aumento del intervencionismo estatal a través del sistema impositivo, llamamientos a filas y financiación de las guerras.
Lo que en puridad hizo el Estado liberal fue racionalizar las viejas instituciones del Estado absolutista y perfeccionarlas técnicamente para dar un aspecto de mayor representatividad. La llamada voluntad general siguió limitada a un colectivo muy limitado de ciudadanos que con suficiente capacidad económica y cultural eran los que dominaban la maquinaria del Estado e influían en la toma de decisiones. Las libertades del Estado liberal tuvieron más una expresión jurídico formal que real.

El Estado liberal democrático

Como hemos visto más arriba, el Estado liberal se caracterizaba, en lo político, por ser fuertemente clasista y basarse en un sistema oligárquico que limitaba la extensión del sufragio. Salvo el paréntesis de la revolución francesa entre 1789 y 1813, y el de la monarquía limitada de Inglaterra a partir de 1688, España era el único país europeo constitucional en 1812, aunque por poco tiempo ya que en 1814 con el retorno de Fernando VII volvió el régimen absolutista. Como indica González Casanova, es de destacar que en buena parte de la Europa de la primera mitad del si¬glo XIX la monarquía absolutista era mayoritaria y en los países que contaban con un texto jurídico limitador de los poderes del monarca, había sido este quien lo había concedido u otorgado, a través de las llamadas Cartas otorgadas, a los grupos socialmente dominantes, pactando con ellos a la usanza medieval la formalización y los límites de un poder casi omnímodo. Durante esta primera mitad del siglo XIX se produjeron una serie de insurrecciones populares en contra del absolutis¬mo y contra la restauración monárquica y aristocrática. De tal manera que, a partir de las revueltas de 1848, es visible cierta radicalización del movimiento obrero europeo. Las insurrecciones populares de esa época se extendieron por toda Europa en contra de los residuos señoriales y absolutistas que negaban la Ilustración racionalista, los postulados socialistas y las revoluciones liberales del pasado siglo. La neutralización de las protestas populares no podía mantenerse, como se hizo durante mucho tiempo, a través de la represión. El sistema fue expandiendo paulatinamente una serie de derechos políticos a las clases más desposeídas.
Las diferentes revueltas sociales a mediados del siglo XIX en Europa, el aumento y consolidación del proletariado como clase social y la aparición de las organizaciones obreras junto con la competencia ideológica del socialismo y anarquismo, serían elementos que influirían en la evolución postrera del Estado liberal clásico. La aparición y posterior legalización de sindicatos y partidos políticos de carácter socialista incorporaron un fenómeno nuevo en el marco del Estado liberal. Las diferentes internacionales obreras que fueron apareciendo en el escenario político a partir del último tercio del siglo XIX, reconocían la identidad de los obreros en su afán por conseguir un nivel de emancipación que el capitalismo como modo de producción dominante y el liberalismo de corte oligárquico les negaba.
En la vertiente política, las organizaciones obreras dirigieron sus objetivos a la conquista de los derechos de expresión y de asociación. Stuart Mill, uno de los teóricos liberales más influyentes en este proceso de democratización del Estado liberal, consideró la necesidad de corregir y revisar el liberalismo clásico para dar entrada a colectivos que hasta el momento habían permanecido al margen de las decisiones políticas. Con independencia de algunos casos muy particulares, sólo sería entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando el sufragio universal masculino se implantaría en la mayoría de Estados europeos. El sufragio femenino sería un logro posterior. Así, por ejemplo, mientras que en Alemania la primera implantación de sufragio universal para los varones fue en 1869, las mujeres sólo ejercerían su derecho al voto en 1919, en Reino Unido las mujeres sólo empezarían a votar a partir de 1928, diez años después que los varones, y en España en 1931. El reconocimiento del sufragio femenino chocaba con la resistencia tradicional de una estructura social marcadamente sexista. La extensión del sufragio universal haría cambiar sensiblemente la composición y representación de los Parlamentos. Esta transformación del Estado liberal en Estado liberal democrático supuso también un cambio en la concepción de las constituciones. La constitución pasaba a considerarse como la ley de leyes con superioridad jerárquica y con voluntad de mantenerse en el tiempo, determinando las reglas básicas del sistema, y no como un pacto entre fuerzas dominantes con posibilidad de cambiarla según la oportunidad política del momento.
El reconocimiento del derecho de asociación y la legalización de los grandes partidos de masas influirían de manera decisiva en la evolución de este modelo. La expansión del sufragio y la irrupción de los partidos de masas en los parlamentos burgueses harían modificar el antiguo parlamentarismo oligárquico en un parlamentarismo pluralista. La evolución hacia la democracia no fue simultánea en todos los Estados, pero sí más o menos homogénea en lo que se refiere a los principios fundamentales: reconocimiento de una serie de derechos políticos y en menor medida sociales, garantías jurídicas, legalización de partidos políticos y sindica¬tos, reformas en las legislaciones electorales que ampliaban el derecho de sufragio y corregían desproporcionalidades del modelo oligárquico, y aceptación constitucional del pluralismo político y del parlamentarismo. Aun así, esta progresiva democratización del Estado liberal acarrearía crisis y tensiones internas. Ya que, por un lado, formalmente, las diferentes constituciones y gobiernos, como la República de Weimar de 1919, o la 11 República española de 193 1, tenían un contenido fuertemente democrático, recogiendo y consolidando derechos sociales y económicos, pero, por otro lado, realmente, el Estado liberal democrático seguía siendo un Estado oligárquico donde las clases medias y altas mantenían posturas, en lo general, refractarias a ese nuevo marco general. Además, las constituciones que imperaban en este modelo de Estado tenían una componente fuertemente parlamentarista, de tal modo que los parlamentos podían bloquear la acción de gobierno si aquel no gozaba de la confianza de este, llegando a obligar con cierta facilidad la dimisión del ejecutivo. Este proceso de universalización del sufragio en Europa supondría la preeminencia de la función de la parlamentaria a costa de la ejecutiva del Gobierno. El resultado era que, en aquellos parlamentos muy atomizados como el Alemán de entreguerras o el de la 111 República francesa, se dificultaba la acción de gobierno debido a las continuas pugnas intestinas de los parla¬mentarios, que a la vez dependían de los partidos políticos. El resultado era, en los casos más extremos, una parálisis política continua. Durante los años veinte y treinta de este siglo se acentuó la crisis del Estado liberal democrático incapaz de conjugar el nuevo programa democrático con el liberalismo clásico. El Estado liberal democrático se manifestó incapaz de garantizar y asegurar la convivencia interna, la paz en las relaciones internacionales y su no intervencionismo en la esfera económica, el crac del 29 fue el epitafio de un liberalismo económico incapaz de garantizar el desarrollo equilibrado de la economía. Toda esta serie de fricciones abocarían a una fuerte crisis del Estado liberal democrático que, en los casos más extremos y no integrados, conduciría al modelo de Estado fascista o al comunista, ambos como alternativa al Estado liberal, y en los casos más integrados, al Estado del Bienestar, como modelo que pretende perfeccionar el Estado liberal democrático.

El Estado de bienestar

Después de la experiencia e impacto de los Estados fascistas, de la implantación y desarrollo del Estado socialista Y de constatar que la economía, al contrarío de lo que afirmaban los postulados liberales no regulaba por sí sola las desigualdades sociales, el Estado liberal democrático articuló una nueva vía para asegurar su supervivencia integrar a los sectores más desfavorecidos potencialmente revolucionarios. El Estado de bienestar, nacido en los modernos ordenamientos constitucionales como Estado social y democrático de derecho, sustituye al tradicional abstencionismo público en el campo económico y social en aras de asegurar y mantener cierto bienestar de sus ciudadanos. El Estado de bienestar supone una modernización del Estado liberal democrático, manteniendo su estructura capitalista. Este modelo de Estado se afianza con más facilidad en las sociedades industriales avanzadas y con un tejido social más plural. El concepto de Estado de bienestar hace referencia directa a una articulación más fluida entre Estado y sociedad, característica que lo distingue del Estado liberal, cuyo factor constitutivo era la separación entre ambas áreas. El desarrollo del Estado social o Estado de bienestar está necesariamente vinculado con el influjo de los grupos de interés o de las grandes organizaciones destinadas a la defensa de intereses parciales o sectoriales en el sistema político (sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, etc.). El resultado es una tendencia hacia la estatalización de la sociedad, pero también hacia la socialización del Estado y, por tanto, a la difuminación de límites entre ambos términos.
Los antecedentes históricos se producen, aunque tímidamente, a finales del siglo XIX. La legislación social en la Alemania de Bismarck en 1883 y 1889, desarrollando un sistema de seguros de enfermedad, acci¬dentes, invalidez y ancianidad, es una de las primeras referencias de este modelo. Posteriormente, en el período de entreguerras el gobierno laborista de MacDonald en la década de los años veinte, en Reino Unido, impulsó también una política de reformas sociales a través de la instauración de un seguro de desempleo, entre otras. En los casos de la Alemania de Weimar de 1919 o de la II República española en 1931, también incluyeron en sus programas políticos una serie de derechos sociales y de prestaciones públicas, aunque la gran inestabilidad política y las gra¬ves tensiones antisistema hicieron que esa experiencia fuese muy breve y acabase en un modelo de Estado bien diferente
La implantación más definitiva del Estado del bienestar, como alternativa al viejo Estado liberal, parte de Estados Unidos a raíz del triunfo electoral del demócrata Franklin Delano Roosevelt en 1931. Y como respuesta al gran impacto que tuvo la crisis económica de 1929. El llamado New Deal de Roosevelt proponía que el Estado no se limitase tan sólo a mantener un protagonismo mínimo, manteniendo la ley y el orden, sino que debía proporcionar servicios asistenciales, conseguir el pleno empleo y una estabilidad y crecimiento económico, y todo ello mediante un fuerte intervencionismo en la economía, tanto a través de un aumento en el gasto público deuda pública, como de la presión fiscal. Así, el gobierno laborista británico aplica, a partir de 1945, una serie de reformas que generan una cobertura médica universal, prestaciones por desempleo, desarrollo de una educación generalizada a costa del Estado y una serie de nacionalizaciones. De igual forma, la Francia del General De Gaulle realiza una serie de reformas en esa misma línea. El Estado de bienestar da un nuevo contenido al tradicional Estado liberal incorporando una vertiente económica y social, realzando un nuevo orden laboral y de distribución de bienes. La difusión más generalizada de este modelo de Estado se produce tras la II Guerra Mundial como resultado de la implementación de políticas de influencia socialdemócrata en la mayoría de países de la Europa occidental y particularmente en los países escandinavos que han sido los que más han profundizado en el desarrollo de este modelo.
La idea de Estado de bienestar o social se constitucionaliza por primera vez en 1949 en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemanía al definir a Alemania como un Estado democrático y social de Derecho . De igual manera, la mayoría de nuevos textos constitucionales que aparecen tras la II Guerra Mundial incorporan, de una u otra forma la esencia del Estado social. Las diferentes constituciones que configuran este modelo de Estado han tendido a reforzar el papel del poder ejecutivo, distanciándose, por tanto, del modelo liberal democrático, con el objeto de dotarle de un mayor campo de maniobra política, aumentando su protagonismo legislativo y reglamentario para asegurar su estabilidad y la gobernabilidad del Estado.
Desde una vertiente económica, los gobiernos en los Estados de bienestar se distancian del famoso principio del laissez faire y tienden a una política estatal de dirección permanente y programada en su conjunto. A este respecto, la teoría económica formulada por Keynes tendría un impacto crucial en este tipo de Estado. Las ideas de este economista británico, que inspiraron el famoso informe Beveridge en 19472, considerado como la carta fundacional del Welfare state y de gran influencia en las políticas sociales tras el triunfo del laborismo británico en 1945, consideraba que era posible llegar por métodos democráticos y sin alterar en lo fundamental la economía capitalista al pleno empleo y por tanto a un aumento de la capacidad adquisitiva de las masas. Estos fines se conseguirían mediante un orientado control y protagonismo en el proceso económico por parte del Estado. El Estado, por tanto, intensifica su intervención económica tanto a través de la planificación indicativa como con el desarrollo de empresas públicas como motor de desarrollo.
El Estado introduce ciertos controles públicos sobre el mercado como fórmula para regular el sistema, corregir los efectos perversos, limitar los privilegios y evitar bruscos desequilibrios conflictivos.
Desde un punto de vista general, el Estado de bienestar significa un intento de adaptación del Estado liberal burgués a las nuevas condiciones sociales de la era industrial y posindustrial. Sus diferentes políticas sociales han intentado remediar las condiciones de los estratos más desfavorecidos y menesterosos de la población, no tanto transformando la estructura social, cuanto generando políticas sectoriales que remedien sus peores efectos. Estas políticas sectoriales se desarrollan no tan sólo en situaciones de crisis económicas, sino particularmente en épocas de bonanza y en sectores como los del ocio, educación, cultura, promoción de regiones atrasadas o del bienestar en general.
Desde la perspectiva asistencial, el Estado tiende a proporcionar prestaciones sociales de distinto tipo, buscando en el fondo una mayor legitimidad del sistema en su conjunto. La expansión de los servicios y del gasto público, el reconocimiento y constitucionalización de una serie de derechos laborales, un sistema fiscal progresivo y una tendencia sistemática hacia la redistribución parcial de la riqueza son algunas de las características fundamentales del Estado social o Estado del bienestar. En este sentido, el factor discriminante que influye en esas políticas sociales pro¬viene más del desarrollo económico en general que de las presiones populares, ya que, en lo fundamental, el nivel de crecimiento económico va a condicionar la calidad y volumen de las prestaciones sociales

En su apartado político, el Estado social se basa en la democracia representativa y en un sólido desarrollo de los partidos políticos y de los grupos de presión corno correa de transmisión de la sociedad civil. Vinculado con esto, el escenario resultante en este proceso de implementa¬ción de políticas sociales ha sido la disminución relativa en la intensidad de la lucha de clases, según terminología marxista, y la conversión de las viejas propuestas revolucionarias de tipo antisistema en conflictos de carácter sectorial que, aceptando el marco de referencia económico y Político en lo fundamental, tienden a resolverse a través de la negociación y de la presión por vías políticas. De este modo, se constata una tendencia histórica de estatalización de la sociedad a través de la inter¬vención social, generando, no obstante, nuevas contradicciones derivadas de la propia presión de la sociedad por aumentar el nivel de bienestar social y de los límites reales del Estado como suministrador de recursos. El Estado en los países desarrollados viene absorbiendo una parte sustancial del Producto Interior Bruto en forma de impuestos, cotizaciones sociales y otros ingresos. Estas contradicciones se acentúan, particularmente, en época de crisis económica, cuando la capacidad recaudatoria del Estado se reduce, aumentan simultáneamente los gastos para intentar neutralizar el nivel de precariedad de ciertos grupos, la deuda pública se dispara a niveles extraordinarios y cuando se constata que el objetivo de pleno empleo no parece ser, un objetivo alcanzable a medio plazo en aquellos Estados con un alto nivel de desarrollo industrial.
El Estado de bienestar empieza a implantarse de manera más o menos generalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Su contribución a la cohesión social, incorporando a los sectores con condiciones socioeconómicas más modestas, ha sido importante. Este proceso de integración social ha generado una aportación a la estabilidad política de los países donde se ha desarrollado.
Después de un largo proceso de desarrollo y consolidación, la crisis del Estado social aumenta su intensidad a partir de los años setenta,

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