El resultado de la actual organización territorial es un entramado regional con fuertes contrastes: superficiales, demográficos, económicos y sociales.

Diferencias de extensión
Las comunidades españolas presentan grandes diferencias en su extensión. Así, frente a siete Comunidades Autónomas uniprovinciales como, por ejemplo, Baleares, cuya superficie apenas supone un 1 % del territorio nacional, aparecen otras diez integradas por varias provincias. El caso más destacado es Castilla y León que, con nueve provincias y casi un tercio de los municipios españoles, es la comunidad más extensa: ocupa casi el 20 % de la superficie total.

Desequilibrios demográficos
Se observan también importantes disparidades demográficas entre unas comunidades y otras. A grandes rasgos, existe una clara diferenciación entre las regiones del interior, por un lado, y las regiones litorales, insulares y Madrid, por otro; y también entre las regiones de la mitad norte y las de la mitad sur del país.

La desigual distribución espacial de la población
Tradicionalmente, la población se ha repartido de modo desigual sobre el territorio. Esos desequilibrios interterritoriales se manifiestan a tres niveles:
En primer lugar, es evidente el desigual peso demográfico de unas comunidades y otras, tanto en términos absolutos como relativos. Cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana), que ocupan tan sólo la sexta parte del territorio, concentran el 56 % de la población española. Por contra, otras cuatro comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura), que comprenden algo más de la mitad de la superficie nacional, sólo albergan el 16 % de la población.
Desde la perspectiva de la densidad, también hay fuertes desequilibrios. Así, dejando aparte Ceuta y Melilla por su condición de Ciudades Autónomas, Madrid es la comunidad más densamente poblada (637 hab./km') y Castilla La Mancha la que presenta una menor densidad (22 hab./kffl2).
También hay grandes disparidades a escala provincial. A grandes rasgos, las provincias interiores han perdido población frente a las provincias litorales, insulares y Madrid, más dinámicas económicamente. Así, frente a provincias como Soria o Teruel, con densidades inferiores a 10 hab/ kilómetro cuadrado, hay otras como Madrid o Barcelona que superan los 600 hab./Kilómetro cuadrado.
Y dentro de cada provincia, existen grandes diferencias internas como consecuencia del proceso de urbanización. El peso de las ciudades capitales de provincia es, generalmente, notable. El caso más espectacular es Vitoria, que concentra al 75 % de los alaveses. Otro ejemplo es Zaragoza, que reúne al 71 % de la población de su provincia y al 51 % de los aragoneses.

Un crecimiento natural contrastado
Los movimientos naturales han influido en los desequilibrios interterritoriales. Así, pese al proceso general de envejecimiento demográfico, se pueden diferenciar dos grandes conjuntos:
Las comunidades con crecimiento natural negativo, que, en general, se sitúan en la mitad norte del país. Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón y Cantabria presentan los mayores saldos negativos, superiores al 3 %. En estas regiones la tasa de natalidad es inferior al promedio nacional y la de mortalidad superior a la media, debido al envejecimiento de la población.
Las comunidades con crecimiento natural positivo se concentran, sobre todo, en la mitad sur de España. Las comunidades de Canarias, Región de Murcia, Madrid y Andalucía presentan saldos superiores al 2 %; las ciudades de Ceuta y Melilla superan el 6,5 %. Esto se debe al mantenimiento de una población joven y a la inmigración.

La influencia de la dinámica migratoria
Tradicionalmente, las migraciones han acentuado los desequilibrios interterritoriales. Sin embargo, actualmente asistimos a una ralentización del éxodo rural y, en general, de las migraciones interiores, por la falta de expectativas de empleo en las áreas urbanas. La mayor parte de los desplazamientos interiores tienen como destino las provincias litorales e insulares. También está teniendo lugar el regreso de numerosas personas desde las ciudades a sus localidades de origen, tras la jubilación.
Por otra parte, hoy día España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes procedentes, sobre todo, del norte de África, América Latina y Europa oriental.

Contrastes en el desarrollo
Las diferencias entre comunidades no son sólo de tamaño y volumen de población. Entre unas Comunidades Autónomas y otras existen, además, importantes desequilibrios sociales y económicos.
Esas desigualdades se manifiestan fundamentalmente a través del análisis del Producto Interior Bruto (PIB) y de su contribución al total nacional. También hay que tener en cuenta la estructura de la producción de cada comunidad, es decir, estudiar qué sector eco¬nómico es más significativo (primario, secundario o terciario) y, a su vez, analizar las tasas de actividad y desempleo de cada uno.
También hay que tener en cuenta otros indicadores como, por ejemplo, la dotación en infraestructuras y equipamientos sociales (sanitarios, educativos, culturales, deportivos, etc.).

Los desequilibrios heredados
La existencia de importantes contrastes económicos entre unas comunidades y otras no es un hecho reciente. Las desigualdades se remontan a finales del siglo XIX, en estrecha relación con el proceso de industrialización, pero se acentuaron y consolidaron a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX debido a la política de desarrollo económico que tendió a polarizarse en sólo tres regiones españolas: Cataluña, País Vasco y Madrid.
Los desequilibrios regionales han continuado en las últimas décadas, si bien con algunos matices en relación con el,pasado, debido a la crisis de los años setenta. Así por ejemplo, hoy día las regiones de la cornisa cantábrica ya no se encuentran entre las más dinámicas de España, mientras que se han consolidado como ejes dinámicos Madrid, las regiones del litoral mediterráneo y el Valle del Ebro, si bien con importantes contrastes intrarregionales.

Los contrastes de producción y de renta
Existen importantes desequilibrios interterritoriales en cuanto al volumen y la distribución de la producción.
Así por ejemplo, dejando aparte el caso de Ceuta y Melilla por su condición de Ciudades Autónomas, Cataluña y la Comunidad de Madrid representan más de un tercio de la producción interior; y si tenemos en cuenta también la aportación de Andalucía y la Comunidad Valenciana, las otras dos regiones más significadas por su valor, el porcentaje se eleva hasta el 55 %. Es decir, cuatro Comunidades Autónomas concentran más de la mitad del PIB de España.
Por contra, la aportación a¡ PIB de las restantes comunidades, salvo el País Vasco, es interior en mayor o menor grado a la media nacional.
A su vez, dentro de cada una de las Comunidades Autónomas se observan también grandes disparidades internas. Las provincias más significadas coinciden, generalmente, con las comunidades más ricas. A ellas tan sólo habría que añadir algunas provincias, como, por ejemplo, Burgos y Valladolid en Castilla y León, cuya contribución es superior a la de su correspondiente comunidad. De igual forma, las provincias más deprimidas suelen situarse en las regiones cuya contribución al PIB es escasa.
Igualmente, los contrastes se manifiestan de forma evidente dentro de cada una de las provincias españolas, sobre todo entre la capital y el medio rural.
El valor absoluto de la producción no permite, sin embargo, conocer el nivel de vida de la población, ya que éste se halla muy condicionado por el tamaño de cada región. El grado de desarrolló económico se mide más ajustadamente a través del nivel de producción por habitante.
De este modo, teniendo en cuenta el binomio producción población, Cataluña y Madrid siguen significándose, pero ya no aparece Andalucía; ello se debe a que el valor de la producción andaluza está muy relacionado con su extensión y con su peso demográfico. Destacan, sin embargo, otras comunidades que no lo hacían anteriormente, tales como la Comunidad Foral de Navarra, Baleares, País Vasco, La Rioja y Aragón, cuyos valores del PIB por habitante son, como en el ca¬so de Cataluña y Madrid, superiores a la media española. Las regiones interiores y del sur, sobre todo Andalucía, Galicia, Extremadura y la Región de Murcia presentan los valores más bajos. El PIB por habitante de la región más rica, la Comunidad de Madrid, es más del doble del de la más pobre, Extremadura.
Los contrastes de riqueza y desarrollo entre unas comunidades y otras responden a la estructura productiva dominante en cada una de ellas, fruto a su vez de la evolución seguida por su economía.
Es evidente que, en líneas generales, y sin olvidar las enormes desigualdades superficiales y demográficas entre unas regiones y otras, coinciden las Comunidades Autónomas más desarrolladas con aquellas en que la actividad industrial tiene importancia y el sector terciario presenta un fuerte peso, sobre todo los servicios prestados a la producción y al turismo. Por contra, las comunidades menos desarrolladas se co¬rresponden con aquellas en las que existen estructuras productivas un tanto tradicionales, es decir, en las que el sector primario ocupa un lugar destacado. Aunque también hay que tener en cuenta que ha habido fuertes modificaciones en el sector primario, sobre todo en los aprovechamientos agrarios e industrialización agroalimentaria.
De este modo, y siguiendo este esquema general, las comunidades con mayor especialización agropesquera coinciden con las comunidades menos desarrolladas, como son Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Galicia, La Rioja, Aragón y Andalucía.

Espacios centrales y espacios periféricos
Generalizando, se puede afirmar que en España existen regiones centrales y regiones periféricas.
Madrid y, en menor medida, Cataluña son regiones centrales. Se trata de las comunidades más dinámicas económicamente; tienen una industria muy diversificada y concentran las actividades de servicios más avanzadas: finanzas, servicios a las empresas, Administración, etc. Estas regiones se reservan las unidades de producción estratégicas y la tecnología más avanzada, y las sedes sociales con la capacidad de decisión, gestión, control e innovación.
El resto de las regiones españolas se consideran periféricas o semiperiféricas. Pueden presentar un mayor o menor grado de dinamismo económico, pero en ningún caso actúan como áreas centrales.
No es, por tanto, cuestión de mayor o menor PIB por habitante. Así por ejemplo, Baleares es una de las comunidades con una renta por habitante superior a la media nacional; sin embargo, es evidente que no puede ser considerada como una región central.

Desequilibrios sociales
Además de los contrastes mencionados anteriormente, existen otros desequilibrios entre unas comunidades y otras, por ejemplo en cuanto a las dotaciones de infraestructuras (transportes y comunicaciones ... ) y de equipamientos (sanitarios, educativos, culturales, deportivos, zonas verdes ... ).
En este sentido, y a pesar de lo que pueda parecernos, las desigualdades regionales son todavía enormes. Si analizamos, por ejemplo, los recursos sanitarios, tenemos que en Cataluña existen más de 200 centros hospitalarios, con un total de 33.000 camas instaladas en ellos, mientras que en Extremadura este tipo de establecimientos es la décima parte y cuentan con poco más de 4.000 camas. Y por lo que se refiere a los recursos educativos, observamos que frente a los 119 centros específicos de Educación Especial existentes en Cataluña, en Extremadura sólo hay 17.
Estas diferencias de dotaciones en infraestructuras y equipamientos entre unas regiones y otras han jugado un papel decisivo en los niveles de desarrollo y han sido uno de los factores de generación de otros desequilibrios. Las comunidades con densas redes ferroviarias, de carreteras y autopistas, de telecomunicaciones y de información, con buenos servicios educativos, sanitarios, etc., demuestran mayor desarrollo y se hallan en mejor posición que las regiones con infraestructuras y equipamientos escasos, desorganizados o anticuados.
Otra manifestación de los desequilibrios sociales interterritoriales es la diferente extensión del fenómeno de la «pobreza económica», entendiendo como pobres todas aquellas familias y personas cuya renta se sitúa por debajo del 50 % de la renta media neta disponible en España. Así, observamos que la proporción de hogares pobres es menor en las regiones situadas en el norte de España, fundamentalmente en la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Por el contrario, las tasas más altas de familias y personas en situación de pobreza se dan en las comunidades del sur (Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla) y en Canarias; a nivel provincial, destacan algunas provincias fronterizas con Portugal, tales como Badajoz, Cáceres, Zamora, Ourense, etcétera. Los casos más graves de pobreza, sin embargo, se concentran en las áreas urbanas.

La política regional, nacional y comunitaria

Los desequilibrios espaciales constituyen un grave problema en España. Por ello, se han desarrollado políticas correctoras desde hace décadas. La integración de España en la UE representa un nuevo punto de referencia en los desequilibrios interterritoriales.

La política nacional: El Fondo de Compensación interterritorial FCI
La toma de conciencia de la existencia de fuertes disparidades en el grado de desarrollo de las regiones españolas motivó en el pasado la puesta en marcha de actuaciones tendentes a corregirlas. Así por ejemplo, en los años cincuenta del siglo XX, entraron en funcionamiento algunos Planes de Desarrollo Provincial y Comarcal. Además, en aquella década y las siguientes se aplicaron medidas sectoriales, destinadas a promover el desarrollo de actividades concretas, que tuvieron una gran trascendencia espacial; fue el caso, entre otras, de las políticas de colonización y puesta en regadío en áreas rurales, o el establecimiento de Polos de Desarrollo Industrial.
El artículo 158 de la Constitución dispone que, con el fin de corregir los desequilibrios económicos entre las regiones y hacer efectivo el principio de solidaridad reconocido en el artículo 2 , se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades. Es el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), creado en 1990.

Los Fondos Estructurales
La política regional ha sido objeto de inquietud en la UE desde 1975, año en que se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Sin embargo, no tuvo trascendencia hasta la reforma de los Fondos Estructurales en 1988, con la declaración de los cinco objetivos prioritarios. Desde entonces, España viene recibiendo ayudas con cargo a estos Fondos para promover el desarrollo regional.
Debido a su bajo nivel de renta, la mayoría de las comunidades españolas han sido calificadas como regiones de Objetivo 1 (regiones menos desarrolladas); el resto se consideran como Objetivo 2 (áreas industriales en declive), o bien Objetivo 5b (espacios rurales de regiones industriales). Esto les permite recibir un importante volumen de recursos comunitarios.
Las ayudas de los Fondos Estructurales se asignan por periodos plurianuales. Para cada etapa, la Administración española presenta un Plan de Desarrollo Regional (PDR), en el que se establecen las líneas de actuación más importantes. Cuando estos planes se aprueban en Bruselas, se elabora el llamado Marco Comunitario de Apoyo (MCA), donde se recogen, desglosadas, las líneas de inversión que se van a desarrollar, así como los presupuestos definitivos asignados a cada una.
En el MCA 1994 1999, más de los dos tercios de estas ayudas se destinaron a las regiones con menor nivel de renta o regiones de Objetivo 1. Por comunidades, las más beneficiadas han sido Andalucía, seguida, de lejos, por Castina La Mancha y Castina y León. La mayor parte de las inversiones se han destinado a la mejora de infraestructuras de transporte, a la promoción de actividades productivas (industriales y de servicios, particularmente los turísticos), y también a la mejora de la preparación formativa y profesional de la población.
Para el periodo 2000 2006 si los Fondos Estructurales han sido de 195.000 millones de euros los recursos disponibles para España fueron más de 40.000 millones, es decir, más del 20 % del presupuesto total.

El Fondo de Cohesión
En 1993 se constituyó en el seno de la UE el Fondo de Cohesión, destinado a promover la convergencia económica y monetaria de los países más atrasados.
España es, junto a Grecia, Irlanda y Portugal, uno de los cuatro países beneficiarios del Fondo de Cohesión. En los últimos años, a nuestro país se le ha destinado más del 50 % de los recursos procedentes de este Fondo, cuyos porcentajes para el periodo 2000 2006 se han cifrado en más del 60 %.
Con este dinero se financian obras de suministro de agua, acondicionamiento de cauces, repoblación forestal, etc. y una buena parte del sistema de autopistas Y autovías, así como de la red ferroviaria principal.

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