Para
muchos la Primera Guerra Mundial (1914-1918) significó el comienzo
del fin de la civilización europea. Otros, los menos, comprendieron
que la capacidad de reacción de Europa dependía de su
capacidad de superar los nacionalismos agresivos que habían
llevado al continente a la catástrofe y de adoptar el ideal
de una Europa unida y pacífica como proyecto común.
Ya en 1923, el austriaco Conde Coudenhove Kalergi fundó el
Movimiento Pan-Europa. En 1926 consiguió reunir en Viena a
diversas figuras políticas en el Primer Congreso Paneuropeo.
"Europa como concepto político no existe. Esta parte del
mundo engloba a pueblos y Estados que están instalados en el
caos, en un barril de pólvora de conflictos internacionales,
y en un campo abonado de conflictos futuros. Esta es la Cuestión
Europea: el odio mutuo de los europeos que envenena la atmósfera.
(....) La Cuestión Europea será resuelta sólo
mediante la unión de los pueblos de Europa. (...) El mayor
obstáculo a la realización de los Estados Unidos de
Europa son los mil años de rivalidad entre las dos naciones
más populosas de Pan-Europa: Alemania y Francia..."
Richard Coudenhove-Kalergi Pan-Europa 1923
El movimiento paneuropeo vivió su época dorada en la
segunda mitad de los años 20, los años de concordia,
los años del Tratado de Locarno o del Pacto Briand-Kellog.
En 1929, Aristide Briand, primer ministro francés, pronunció
un célebre discurso ante la asamblea de la Sociedad de Naciones
en el que defendió la idea de una federación de naciones
europeas basada en la solidaridad y en busca de la prosperidad económica
y la cooperación política y social. El discurso tuvo
una gran acogida en el gobierno alemán y entre muchos economistas,
especialmente, británicos. Entre ellos se hallaba John M. Keynes.
"Pienso que entre los pueblos que están geográficamente
agrupados como los pueblos de Europa, debe existir una suerte de vínculo
federal; estos pueblos deben en todo momento tener la posibilidad
de entrar en contacto, de discutir sus intereses, de adoptar resoluciones
comunes, de establecer entre ellos un lazo de solidaridad, que les
permita, en los momentos que se estimen oportunos, hacer frente a
las circunstancias graves, si es que estas surgen. (...) Evidentemente,
la asociación tendrá efecto sobre todo en el dominio
económico: esa es la cuestión que mas presiona..."
Discurso de Aristide Briand ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones,
Ginebra, 5 de Septiembre de 1929
La Sociedad de Naciones le encargó a Briand la presentación
de un memorando con un proyecto concreto. El político francés
presentó un "Memorando sobre la organización de
un sistema de Unión Federal Europea" en 1930. Era demasiado
tarde. El estallido de la depresión económica había
empezado a barrer las ideas de solidaridad y de cooperación
del panorama internacional. Las gentes que siguieron propugnando la
unidad europea, tales como el político francés Edouard
Herriot quién publicó en 1931 "Los Estados Unidos
de Europa", quedaron en franca minoría.
El acceso de Adolfo Hitler a la cancillería alemana en 1933
supuso el fin definitivo de la concordia europea y el renacimiento
del monstruo del nacionalismo en su peor versión. Europa, y
con ella el mundo, se encaminaba a una nueva catástrofe.
Del fin
de la guerra a la Declaración Schuman (1945-1950)
Europa tuvo que esperar a una segunda catástrofe, la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), para que se apreciase en toda su extensión
el absurdo suicida al que había llevado al continente la rivalidad
nacionalista. La necesidad de algún tipo de integración
europea que marcara una nueva manera de reordenar el mapa político
europeo se hizo evidente.
Tres realidades mostraron la necesidad de esta nueva orientación
hacia la integración europea:
• En primer lugar, la conciencia de los europeos de su propia
debilidad. La Segunda Guerra Mundial había puesto fin definitivo
a la tradicional hegemonía europea en el mundo. Las dos nuevas
superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética,
tenían un poder económico, político y militar
muy superior al del heterogéneo conjunto de estados europeos.
• En segundo lugar, la convicción de que había
que evitar por todos los medios la vuelta a un enfrentamiento entre
los estados europeos. Las dos guerras mundiales se habían iniciado
como "guerras civiles" europeas, y nuestro continente había
sido el principal campo de batalla en ambas. Se trataba, esencialmente,
de buscar un acomodo entre Francia y Alemania, que contara con el
visto bueno de EE.UU. La unidad era el camino para garantizar la paz.
• En tercer lugar, el deseo extendido entre muchos europeos
de crear un continente más libre, justo y próspero en
el que las relaciones internacionales se desarrollaran en un marco
de concordia.
En 1946, el ex-primer ministro británico Winston Churchill
pronunció un célebre discurso en la Universidad de Zúrich
(Suiza), considerado por muchos como el primer paso hacia la integración
durante la posguerra.
" Quisiera hablar hoy del drama de Europa (...) Entre los vencedores
sólo se oye una Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos
sino silencio y desesperación (...) Existe un remedio que,
si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría
de los pueblos de los numerosos países, podría, como
por un milagro, transformar por completo la situación, y hacer
de toda Europa, o de la mayor parte de ella, tan libre y feliz como
la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio
soberano? Consiste en reconstituir la familia europea o, al menos,
en tanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que
le permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en libertad. Debemos
crear una suerte de Estados Unidos de Europa. (...) Para realizar
esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse."
Winston Churchill
Discurso en la Universidad de Zúrich
19 de Septiembre de 1946
Los Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron tras la Primera
Guerra Mundial, no optaron por el aislamiento y asumieron su responsabilidad
como primera potencia mundial adoptando una política de resuelta
intervención en los asuntos europeos.
El gobierno estadounidense estaba convencido de que las trabas al
libre comercio que se habían extendido tras la depresión
de 1929, y habían llegado a su máxima expresión
en la autarquía nazi y fascista, habían sido responsables
en gran medida de la tensión internacional que llevó
a la Segunda Guerra Mundial. La adopción de una política
de libre comercio se convirtió en una condición básica
para que cualquier país recibiera la tan ansiada ayuda económica
norteamericana.
En esos momentos, además, se estaba iniciando la "guerra
fría". Los Estados Unidos, aplicando la denominada "Doctrina
Truman" cuya finalidad era frenar la expansión del comunismo
y de la Unión Soviética, lanzaron el denominado "Plan
Marshall" de ayuda económica a los países europeos.
Se trataba de fomentar el desarrollo económico de la destrozada
Europa con el objetivo político de impedir la extensión
del comunismo.
Los norteamericanos promovieron la creación de una organización
europea centralizada que administrase y organizase el reparto de la
masiva ayuda económica del Plan Marshall. Con este objetivo
se creó, en 1948, la Organización para la Cooperación
Económica Europea (OECE). Este fue uno de los primeros organismos
que agruparon a gran parte de los países de la Europa occidental.
La OECE ayudó a liberalizar el comercio entre los estados miembros;
introdujo ideas tendentes a acuerdos monetarios; y a desarrolló,
en general, la cooperación económica en aspectos concretos.
En 1949, siguiendo de nuevo la iniciativa norteamericana, la mayoría
de los estados democráticos de Europa Occidental fundaron,
junto a EE.UU. y Canadá, la OTAN, la gran alianza militar occidental
enfrentada a la URSS.
Un año antes, en 1948, había iniciado su andadura el
Benelux (Unión Aduanera de Bélgica, los Países
Bajos y Luxemburgo) con la aplicación de un arancel exterior
común. Este organismo había sido creado en 1944, antes
del final de la Segunda Guerra Mundial.
Otro paso importante lo constituyó la creación del Consejo
de Europa en 1949. Este organismo, aún hoy existente, trata
de fomentar la cooperación política entre los países
europeos. Sus estatutos, sin embargo, no recogen como objetivo la
unión, ni la federación de los estados, y en ellos no
se prevé ningún tipo de cesión de soberanía
por parte de los estados miembros. Su principal función ha
sido reforzar el sistema democrático y los derechos humanos
en los estados miembros.
De la Declaración Schuman al Tratado de Roma (1950-1957)
El primer paso en la creación de la Comunidad Europea lo va
a dar el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman.
El 9 de Mayo de 1950, va a proponer un plan, diseñado por Jean
Monnet, para integrar y gestionar en común la producción
franco-alemana de carbón y acero. Esta medida de integración
económica buscaba desarrollar el acercamiento entre Francia
y
Alemania, alejando definitivamente el espectro de la guerra en Europa.
"Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino
de un acto, atrevido y constructivo. Francia actúa y las consecuencias
de su acción pueden ser inmensas. Así lo esperamos.
Francia actúa por la paz (...) y asocia a Alemania. Europa
nace de esto, una Europa sólidamente unida y fuertemente estructurada.
Una Europa donde el nivel de vida se elevará gracias a la agrupación
de producciones y la ampliación de mercados que provocarán
el abaratamiento de los precios. (...) Europa no se hará de
golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones
concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. El
gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción
franco-alemana de carbón y acero bajo una autoridad común,
en una organización abierta a la participación de otros
países de Europa. La puesta en común de la producción
del carbón y del acero asegurará inmediatamente el establecimiento
de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de
la Federación Europea(...)"
Declaración Schuman
9 de Mayo de 1950
Ese mismo
año, el gobierno francés propuso la creación
de una Comunidad Europea de Defensa (CED). Este proyecto naufragó
finalmente en 1954, cuando la propia Asamblea Legislativa francesa
vetó su aplicación. La CED, que implicaba una fuerte
integración militar y política, fue sustituida ese mismo
año de 1954 por la Unión Europea Occidental (UEO), una
organización que en la práctica ha estado prácticamente
anulada por la OTAN.
Pese a este tropiezo, el camino de la integración económica
siguió adelante. Así, por el Tratado de Paris firmado
el 18 de abril de 1951, nació la Comunidad Europea del Carbón
y el Acero, la CECA, que convirtió en realidad el Plan Schuman
de 1950. La Alta Autoridad común de la CECA pasó a estar
presidida por Jean Monnet. A esta primera comunidad europea se unieron
seis países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países
Bajos y Luxemburgo ("Los Seis").
Era evidente que la integración económica era el único
camino claro hacia una unidad que debería llegar tras un largo
período. El fracaso de la CED había demostrado que la
unidad política y militar era aún una utopía.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis, bajo la presidencia
del belga Paul Henri Spaak, se reunieron en 1955 en la Conferencia
de Messina. Fruto de los acuerdos allí alcanzados fue el paso
definitivo en la construcción europea: el 25 de marzo de 1957,
"los Seis" firmaban los Tratados de Roma por los que se
creaba la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
El Tratado de Roma (1957)
El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que daban
existencia a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad
de la Energía Atómica (EURATOM). Los firmantes del histórico
acuerdo fueron Christian Pineau por Francia, Joseph Luns por los Países
Bajos, Paul Henri Spaak por Bélgica, Joseph Bech por Luxemburgo,
Antonio Segni por Italia y Konrad Adenauer por la República
Federal de Alemania. La ratificación del Tratado de Roma por
los Parlamentos de "los Seis" tuvo lugar en los meses siguientes
y entró en vigor el 1 de enero de 1958.
El Tratado que instituía la CEE afirmaba en su preámbulo
que los estados signatarios estaban "determinados a establecer
los fundamentos de una unión sin fisuras más estrecha
entre los países europeos". Así quedaba claramente
afirmado el objetivo político de integración progresiva
entre los diversos países miembros. En la práctica,
lo que se creó básicamente fue una unión aduanera.
Por ello la CEE fue conocida popularmente como el "Mercado Común".
Se acordó un proceso transitorio de 12 años para el
total desarme arancelario entre los países miembros. Ante el
éxito económico que trajo la mayor fluidez de los intercambios
comerciales, el plazo transitorio se acordó y el 1 de julio
de 1968 se suprimieron todos los aranceles internos entre los estados
comunitarias. Al mismo tiempo se adoptó un Arancel Aduanero
Común para todos los productos procedentes de terceros países.
Este mercado común afectaba en realidad exclusivamente a la
libre circulación de bienes. El libre movimiento de personas,
capitales y servicios siguió sufriendo importantes limitaciones.
En realidad, habrá que esperar al Acta Única de 1987
para que se diera el impulso definitivo que llevó a que en
1992 se estableciera un mercado unificado.
El otro elemento esencial de lo acordado en Roma fue la adopción
de una Política Agrícola Común (PAC). Esencialmente,
la PAC establece la libertad de circulación de los productos
agrícolas dentro de la CEE y la adopción de políticas
fuertemente proteccionistas, que garantizaban a los agricultores europeos
un nivel de ingresos suficiente al evitar la competencia de productos
de terceros países y mediante la subvención a los precios
agrícolas. Con el objetivo de financiar la PAC, se creó,
en 1962, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA). La PAC sigue absorbiendo la mayor parte del
presupuesto comunitario y es uno de los aspectos más necesitados
de reforma.
El Tratado de Roma también estableció la prohibición
de monopolios, algunas políticas comunes en transportes, y
la concesión de algunos privilegios comerciales a los territorios
coloniales de los estados miembros.
El Tratado de Roma significó el triunfo de lo que se han venido
en llamar las tesis "funcionalistas". Representadas esencialmente
por Jean Monnet. Ante la imposibilidad de acceder de manera inmediata
a una unión política, imposibilidad demostrada en el
fracaso de la CED, la nueva estrategia busca un proceso de integración
que vaya afectando poco a poco a diversos sectores económicos,
de forma gradual, y que vaya creando instituciones supranacionales
en las que los Estados paulatinamente vayan cediendo competencias
económicas, administrativas y, en último caso, políticas.
En este sentido, la CEE va a tener una serie de instituciones: la
Comisión, el Consejo, la Asamblea Europea (posteriormente el
Parlamento Europeo), el Tribunal de Justicia y el Comité Económico
Social cuyas competencias se irán ampliando y matizando en
los diversos acuerdos y tratados que fueron modificando en los años
posteriores el Tratado de Roma.
Se trataba, en definitiva, de iniciar un proceso en el que la progresiva
integración económica fuera allanando el camino al objetivo
final de la unión política, unión que quedaba
planteada como un objetivo a largo plazo.
El Tratado que instituyó la Comunidad Atómica Europea
(EURATOM) es mucho menos importante y trataba de crear "las condiciones
de desarrollo de una pujante industria nuclear". En la realidad,
cuando se habla del Tratado de Roma nos referimos en exclusiva, aunque
de forma incorrecta, al que creó la CEE.
El "problema
británico" y la ampliación de la CEE en 1973
El principal problema político con el que arrancó la
CEE fue el que un país de la importancia del Reino Unido se
mantuviera al margen. Los británicos se negaron a ingresar
por diversas razones:
• La importancia de sus lazos comerciales, políticos
e, incluso, sentimentales con sus colonias y ex-colonias, agrupadas
en su mayoría en la Commonwealth.
• Su negativa a ingresar en una unión aduanera. Londres
defendía la creación de una zona de libre cambio, en
la que se abolieran los derechos de aduana internos pero en la que
cada país tuviera libertad para poner sus propios aranceles
con respecto a los países terceros.
• La nula voluntad británica de embarcarse en un proyecto
en el que a largo plazo se planteaba la cesión de soberanía
de cada estado en beneficio de instituciones supranacionales europeas.
Dicho de otra manera, los británicos se hallaban, y aún
muchos de ellos continúan, muy alejados del objetivo de unidad
política europea.
Tras fracasar las negociaciones para su ingreso en la CEE, el gobierno
británico propició la creación la Asociación
Europea de Libre Comercia (EFTA), a la que se adhirieron Suecia, Suiza,
Noruega, Dinamarca, Austria y Portugal. Esta asociación, que
huía de cualquier proyecto de integración política,
fue una mera zona de libre comercio, esencialmente de productos industriales,
y no recogía ningún tipo de arancel común.
Los británicos se dieron cuenta muy pronto de su error. Mientras
la CEE va a protagonizar una crecimiento económico espectacular,
con unas tasas de crecimiento en los años 60 claramente superiores
a las norteamericanas, Gran Bretaña continuó con su
tendencia decadente con respecto a los países del continente.
Así, en agosto de 1961, el primer ministro británico,
solicitó el inicio de negociaciones para el ingreso del Reino
Unido. Sin embargo, tras diversos intentos negociadores, el líder
francés, Charles De Gaulle, resuelto a construir lo que el
denominó una "Europa de las patrias" que fuera independiente
de las dos superpotencias enfrentadas en la "guerra fría",
y receloso de la estrecha vinculación británica a Washington,
vetó en 1963 el ingreso británico en la CEE. Cuando,
en 1967, el gobierno laborista de Harold Wilson volvió a solicitar
el ingreso en la CEE, el general francés volvió a vetar
la adhesión del Reino Unido.
De Gaulle, pese a defender una Europa fuerte ante EE.UU. y la U.R.S.S.,
nunca creyó en una Europa unida políticamente. Para
él, la independencia nacional francesa, país al que
intentó denodadamente mantener en el papel de potencia, era
una cuestión innegociable. Fruto de este nacionalismo de De
Gaulle fue la denominada "crisis de la silla vacía"
en 1966, que mantuvo durante meses a la Comunidad paralizada, y que
finalmente finalizó con el denominado Compromiso de Luxemburgo.
Hubo que esperar a la dimisión de De Gaulle en 1969, dimisión
provocada por razones de política interna un año después
del "Mayo del 68" francés, para que se abriera la
puerta para la adhesión británica.
Venciendo la oposición partes importantes de la opinión
pública británica, contrarias a la adhesión a
la CEE y claramente "antieuropeas", finalmente las negociaciones
terminaron con éxito en 1972.
En 1973, tres nuevos países ingresaron en la CEE: el Reino
Unido, Dinamarca e Irlanda. Nacía la "Europa de los Nueve".
Los noruegos votaron en contra del ingreso y su país, en contra
de la opinión su propio gobierno, con lo que Noruega se mantuvo
al margen de la Comunidad.
Los avances
en la integración europea y la ampliación a la "Europa
de los Doce" (1973-1986)
La "crisis del petróleo" de 1973 puso fin al período
de espectacular crecimiento económico del que habían
disfrutado durante largos años los países europeos.
El desempleo, la inflación, la crisis de sectores tradicionales
de la industria caracterizaron el panorama económico de la
CEE en la segunda mitad de los años setenta y los inicios de
los ochenta. Pese a que, en algún momento, los periodistas
acuñaron los términos de "euroescepticismo"
y "euroesclerosis" para referirse a un proceso de integración
que parecía desfallecer, la realidad es que durante estos años
tuvieron lugar avances importantes, tanto en el sentido de una mayor
integración, como en la ampliación de la Comunidad a
nuevos miembros. Vamos a señalar los momentos clave:
• A partir de 1975 quedó institucionalizado el denominado
Consejo Europeo, reunión periódica de los Jefes de Estado
y de Gobierno, donde se toman las grandes decisiones estratégicas
de la Comunidad.
• En 1979, nació el Sistema Monetario Europeo, acompañado
de la creación del ECU (European Currency Unit), antecedente
directo del Euro. Las monedas de los países miembros quedaban
ligadas en una estrecha banda de fluctuación de su valor de
cambio del 2.5%, además, los gobiernos se comprometían
a coordinar sus políticas monetarias. Se trataba del primer
paso significativo hacia la unidad monetaria.
• También en 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones
por sufragio universal al Parlamento Europeo.
• La caída de las dictaduras militares en Grecia (1974),
Portugal (1974) y España (muerte de Franco en 1975) propiciaron
la adhesión de estos países. Grecia en 1981, y España
y Portugal en 1986 se convirtieron en nuevos miembros de la CEE. La
Comunidad se ampliaba hacia la Europa mediterránea y España
conseguía hacer realidad una antigua aspiración.
• En 1984, un grupo de parlamentarios europeos, dirigidos por
el italiano Altiero Spinelli presentó al Parlamento un "Proyecto
de Tratado de la Unión Europea", en el que se proponía
la aprobación de un nuevo tratado que sustituyera al de Roma
y que hubiera supuesto un importante avance en la integración
europea. Pese a no ser aprobado por los gobiernos, tuvo el mérito
de relanzar el debate sobre el futuro de la Comunidad, anticipando
los avances que tendrían lugar en los años noventa.
• En 1985, los tres países del Benelux, Francia y Alemania
firmaron el denominado Acuerdo de Schengen, al que posteriormente
se han ido adhiriendo la mayoría de los países comunitarios.
Se iniciaba así una ambiciosa iniciativa para garantizar la
libre circulación de las personas y la gradual supresión
de fronteras entre los estados comunitarios.
En la segunda mitad de los ochenta, el proceso de integración
va a recibir un importante impulso político, propiciado en
gran medida por Jacques Delors. Socialista francés, fue elegido
presidente de la Comisión Europea en 1985. El primer paso lo
constituyó la aprobación en 1986 del Acta Única
Europea.
El Acta Única (1986)
El Acta Única Europea, aprobada en 1986 y en vigor desde el
1 de enero de 1987, supuso la primera modificación de los tratados
fundacionales de las Comunidades Europeas, es decir, el Tratado de
Paris de 1951 creando la CECA, y los Tratados de Roma instituyendo
la CEE y el EURATOM.
Jacques Delors, presidente de la Comisión, resumió de
la siguiente manera los principales objetivos del Acta Única:
"El Acta Única es, en una frase, la obligación
de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras,
más la cohesión económica y social, una política
europea de investigación y tecnología, el reforzamiento
del Sistema Monetario Europeo, el comienzo de un espacio social europeo
y de acciones significativas en materia de medio ambiente".
Estas son las principales novedades que introdujo el Acta Única:
• En el terreno institucional, consagra la existencia del Consejo
Europeo, es decir, la reunión periódica de Jefes de
Estado y de Gobierno, como el organismo donde tienen lugar las grandes
negociaciones políticas entre los estados miembros y se toman
las grandes decisiones estratégicas. El Parlamento Europeo
vio también ligeramente reforzados sus poderes.
• La principal medida quedaba recogida en el el siguiente artículo:
"la comunidad adoptará medidas encaminadas al progresivo
establecimiento del mercado único durante un período
que concluirá el 31 de Diciembre de 1992 ... (lo que significará)
un área sin fronteras en el que el libre movimiento de bienes,
personas, servicios y capital esté asegurado". Esta ambiciosa
aspiración, concretada en 282 medidas concretas, fue ampliamente
alcanzada en el plazo previsto. El mercado común se hacía
un completa realidad.
• Se arbitraron medidas para coordinar la política monetaria
de los estados miembros, preparándose el camino hacia el objetivo
de la Unión económica y monetaria.
• Por último, el Acta Única aprobó diversas
iniciativas para promover una integración en el terreno de
los derechos sociales (salud y seguridad de los trabajadores), la
investigación y tecnología, y el medio ambiente.
• Para conseguir el objetivo de una mayor cohesión económica
y social entre los diversos países y regiones de la Comunidad
se acordó la reforma y el apoyo financiero a los denominados
Fondos estructurales (Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícolas (FEOGA), Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), ya creado en el Tratado de Roma.
El camino hacia el Tratado de la Unión Europea (1986-1992)
El Acta Única Europea supuso un importante impulso en el proceso
de integración. El protagonista había sido el presidente
de la Comisión Jacques Delors. Este socialista francés
no solo promovió la Unión económica y monetaria,
como elemento clave en el proceso de integración, sino que,
para equilibrar los avances de la unidad comercial que beneficiaban
directamente a los empresarios, propuso la aprobación de una
Carta Social que garantizara unos niveles mínimos sociales
a todos los trabajadores europeos.
Toda la política de Delors resultaba totalmente contraria a
las posturas de la "premier" británica Margaret Thatcher.
La líder conservadora británica había protagonizado,
junto al Presidente norteamericano Ronald Reagan, lo que se ha denominado
la "revolución neoliberal": menor intervención
del estado en la economía y en la protección social,
desregulación de los sectores económicos, disminución
del poder de los sindicatos, reducción de impuestos... Además,
ya desde la primera mitad de los ochenta, la "Dama de Hierro"
había destacado por su política contraria a los avances
en la integración europea y a la creación de un poder
europeo, batallando por conseguir reducir la aportación británica
al presupuesto comunitario.
En un célebre discurso, pronunciado en el Colegio de Europa
de Brujas (Bélgica) el 20 de septiembre de 1988, Margaret Thatcher
concretó su postura "euroescéptica":
"Tratar de suprimir el concepto de nación y tratar de
concentrar el poder en un organismo europeo sería muy perjudicial
(...) No necesitamos nuevas regulaciones que eleven el coste de la
mano de obra y que hagan al mercado de trabajo menos flexible y competitivo
que el de nuestros proveedores extranjeros (...) En Gran Bretaña
lucharemos contra los intentos de introducir colectivismo y corporativismo
a nivel europeo - aunque la gente quiera hacer en su propio país
es asunto suyo"
La respuesta de Jacques Delors se produjo un año después
en el Colegio de Europa de Bruselas. Ante los acontecimientos que,
ante el asombro general, estaban teniendo lugar en la Europa central
y oriental en ese año clave de 1989, el presidente de la Comisión
llamó a acelerar el proceso de integración europeo:
"La historia se está acelerando y nosotros debemos hacerlo
con ella..."
El político francés tenía la ventaja de estar
observando en aquel momento uno de los fenómenos históricos
clave del siglo XX: el derrumbamiento de los sistemas comunistas en
los países de Europa central y oriental -las antiguas "democracias
populares"-, cuyo símbolo fue la caída del Muro
de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y la crisis de la Unión
Soviética que culminaría con la caída del régimen
comunista y la desintegración del propio estado en 1991. Ese
mismo año la ruptura de Yugoslavia trajo de nuevo la guerra
al viejo continente, tras un período de paz que se había
prolongado desde 1945.
La primera consecuencia que trajo para Europa fue la reunificación
de Alemania en octubre de 1990. La República Federal Alemana,
con 80 millones de habitantes y el 30% del PNB de la CEE, se convertía
en una potencia que superaba ya claramente a Francia y a Gran Bretaña
en poderío económico.
El presidente francés, François Mitterand, receloso
ante una posible vuelta a una política hegemónica de
Alemania en Europa, decidió apoyar un nuevo impulso al proceso
de integración europeo como medio para "anclar" a
Alemania en Europa. El canciller alemán, Helmut Kohl, hizo
lo propio para vencer la desconfianza con que se veía en París
y Londres a la Alemania reunificada. El impulso hacia una mayor integración
europea fue el único modo de que Alemania empezara a proyectar
su peso político en el escenario internacional sin suscitar
temor y hostilidad.
El "vacío de poder" que se creó en la Europa
central y oriental con la caída del comunismo y el derrumbamiento
de la URSS, hizo que la CEE se erigiera como una organización
que garantizaba estabilidad en medio de una Europa convulsa. De hecho,
las nuevas democracias surgidas de la caída del comunismo se
precipitaron a iniciar negociaciones para la adhesión a la
Comunidad.
Un último elemento que debemos tener en cuenta es la inestabilidad
financiera y monetaria que caracterizó el período. El
"crash" bursátil de 1987 que afectó a las
principales bolsas mundiales y los problemas del Sistema Monetario
Europeo que terminaron por estallar en 1992 (la libra esterlina y
la lira italiana tuvieron que salir del SME, y la peseta y el escudo
portugués se vieron forzados a la devaluación) fueron
también factores que intervinieron para impulsar a los líderes
políticos europeos a dar un paso decisivo en la marcha hacia
la unidad europea.
Todos estos factores confluyeron para dar el gran paso adelante que
supuso el Tratado de la Unión Europea.
En 1989, a instancias de Delors, se convocó una Conferencia
Intergubernamental (CIG) para tratar la adopción definitiva
de la Unión monetaria y económica. En 1990, se convocó
otra CIG para estudiar constitución de una Unión política.
El papel del denominado eje franco-alemán fue de nuevo clave.
En un mensaje conjunto, Helmut Kohl y François Mitterand, afirmaron
lo siguiente en 1990:
"...juzgamos necesario acelerar la construcción política
de la Europa de los Doce. Pensamos que es el momento de transformar
el conjunto de las relaciones entre los Estados miembros en una Unión
Europea y dotarla de los medios de acción necesarios".
Tras casi tres años de debates, en muchos casos circunscritos
a las altas esferas políticas y sin la transparencia que la
opinión pública europea demandaba, finalmente el Consejo
Europeo celebrado en Maastricht el 9-10 de diciembre de 1991, aprobaba
el Tratado de la Unión Europea, popularmente conocido como
"Tratado de Maastricht". El Tratado fue firmado y entró
en vigor el 7 de febrero de 1992.
El Tratado de la Unión Europea
El Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido también
como "Tratado de Maastricht" por haber sido firmado en esa
localidad holandesa, constituye una piedra angular en el proceso de
integración europeo, pues, al modificar y completar al Tratado
de Paris de 1951 que creó la CECA, a los Tratados de Roma de
1957que instituyeron la CEE y el EURATOM, y al Acta Única Europea
de 1986, por primera vez se sobrepasaba el objetivo económico
inicial de la Comunidad (construir un mercado común) y se le
daba una vocación de unidad política.
El Tratado de Maastricht consagra oficialmente el nombre de "Unión
Europea" que en adelante sustituirá al de Comunidad Europea.
El término Unión se usa desde el inicio del Tratado
para significar el avance en un proyecto histórico. Así,
el artículo A 2e del Tratado de la Unión Europea dice
lo siguiente:
"El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso
creador de una Unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa..."
El Tratado va a tener una estructura basada en "tres pilares",
según la jerga jurídica de los que lo idearon y redactaron.
La metáfora utilizada es la de que el TUE tiene la forma de
un "templo griego", que se sustentaría en tres pilares:
• el central, es el que se ha denominado el "pilar comunitario",
es decir, el recogido en los Tratados comunitarios y sus diversas
reformas, con sus instituciones con competencias supranacionales.
En este pilar están recogidos el mercado único, la unión
económica y monetaria, la PAC, los fondos estructurales y de
cohesión...
• los nuevos pilares, los laterales, estarían basados
no en unos poderes supranacionales, sino en la cooperación
entre los gobiernos:
• Política Exterior y Seguridad Común (PESC)
• Justicia y Asuntos de Interior (JAI)
¿Cuál es la gran diferencia entre el "pilar comunitario"
y los dos pilares basados en la cooperación intergubernamental?
Básicamente tiene que ver con la forma en que se toman las
decisiones y con las competencias de las instituciones comunitarias.
En los pilares de cooperación entre gobiernos las decisiones
han de tomarse por consenso y las competencias de la Comisión,
el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia son escasas. En el
pilar comunitario, las decisiones se toman cada vez más por
mayoría y el papel de las instituciones comunitarios es esencial.
Con respecto al primer pilar, el comunitario, el TUE introduce importantes
novedades:
• El reconocimiento de una Ciudadanía europea, que estudiaremos
con detenimiento más adelante.
• El gran paso adelante: la Unión Económica y
Monetaria (UEM). Se adoptó la decisión de crear una
moneda única, que recibirá el nombre de EURO, para el
1 de noviembre de 1999. Se acordó un plan estructura en tres
fases:
1. Iniciada en 1990, concluiría en 31 de diciembre de 1993
y su objetivo sería la plena liberalización de la circulación
de capitales.
2. De 1 de enero de 1994 a 1 de enero de 1999. Los países miembros
debían de coordinar sus políticas económicas
para conseguir unos objetivos, fijados cuantitativamente y conocidos
como "criterios de convergencia", de reducción de
la inflación, de los tipos de interés y de las fluctuaciones
del cambio entre las monedas europeas, y de control del déficit
y la deuda pública. Los países que alcanzaran esos objetivos
podrían pasar a la tercera fase. En el Consejo Europeo reunido
en diciembre de 1995 en Madrid, se dio nombre definitivo a la nueva
moneda única europea: EURO.
3. A partir del 1 de enero de 1999. Creación de la moneda única,
el Euro, fijación irreversible de su equivalencia con las monedas
que participaran, y establecimiento de un Banco Central Europeo (BCE).
Los países que accedieron en 1999 a lo que se ha denominado
"zona euro" fueron once: España, Portugal, Italia,
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania,
Austria, Irlanda y Finlandia. Cuatro países: Grecia, Reino
Unido, Dinamarca y Suecia, han quedado fuera del Euro.
• El Tratado de la Unión consagra la búsqueda
de la cohesión económico-social de las diversas regiones
y países comunitarios como uno de los objetivos de la Unión.
Para conseguirlo, se regula el denominado Fondo de Cohesión
que proporcionaría una ayuda financiera "en los sectores
del medio ambiente y de las redes europeas en materia de infraestructuras
del transporte". Este fondo iba destinado a los estados miembros
de la Unión que tuvieran un PNB per cápita inferior
al 90% de la media europea y que llevaron a cabo "políticas
de convergencia", es decir, de control de la inflación,
tipos de interés, déficit y deuda pública. Estos
países: España -el más beneficiado en términos
absolutos-, Grecia, Portugal e Irlanda (que ha dejado de recibirlos
tras superar su PNB per cápita el límite marcado), pasaron
a ser conocidos como "países de la cohesión".
En 1994, nacieron oficialmente los Fondos de Cohesión como
una transferencia de recursos financieros entre los países
prósperos y los menos prósperos.
• El TUE también ha comportado un sensible avance en
las competencias comunitarias en terrenos como la política
económica y monetaria, la política industrial, las redes
transeuropeas y la política de transportes, las políticas
educativas, la protección a los consumidores, la investigación
y el desarrollo tecnológico, la cooperación, y el medio
ambiente. La Política Agraria Común (PAC), uno de los
grandes temas pendientes de reforma, sigue absorbiendo ella sola más
de la mitad del presupuesto comunitario.
• El TUE aborda el tema de la educación general y de
la formación profesional. Los estados miembros tienen responsabilidad
exclusiva en los planes de estudios en la organización del
sistema educativo. La tarea de la Comunidad se limita a promover la
cooperación entre los estados en educación, apoyando
y complementando las medidas adoptadas por cada país. La Unión
Europea ha puesto en marcha diversos programas para fomentar esta
cooperación, facilitando los contactos y el trabajo conjunto
de alumnos y profesores europeos. El Programa Sócrates se centra
en la educación no universitaria, el Leonardo da Vinci en la
formación profesional, y el Erasmus en la educación
superior.
• En lo referente a las instituciones, el TUE introduce importantes
novedades: el Parlamento aumenta sus poderes, el Consejo de Ministros
pasa a denominarse Consejo de la Unión Europea, la Comisión
recibe el nombre oficial de "Comisión de las Comunidades
Europeas", el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y
el Comité Económico y Social refuerzan sus competencias,
se crea el Comité de las Regiones, de carácter consultivo,
y se prevé la creación del Banco Central Europeo, al
iniciarse la tercera fase de la unión económica y monetaria.
Como segundo pilar, basado en la cooperación entre los gobiernos,
se estableció una Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) que permita emprender acciones comunes en materia de política
exterior. El Consejo Europeo, donde se deben adoptar las decisiones
por unanimidad, es el que define los principios y orientaciones generales
de la PESC. En una declaración aneja al Tratado, los Estados
miembros de la Unión Europea Occidental (UEO) reafirmaron el
objetivo de construyendo esta organización por etapas, atribuyéndola,
a largo plazo, el papel de convertirse en el componente defensivo
de la Unión.
La cruda realidad, en la forma del conflicto de la ex-Yugoslavia (Croacia,
Bosnia, Kosovo) ha mostrado que la construcción de una política
exterior y de defensa común en la UE es un objetivo a largo
plazo. Los EE.UU. y la OTAN siguen siendo los grandes actores en este
terreno, y los estados europeos tienen una voluntad política
y una capacidad de maniobra aún muy débiles para llevar
a cabo su propia política.
El tercer pilar basado en la cooperación intergubernamental
del TUE se basa en la Justicia y los Asuntos de Interior (JAI). Asuntos
de interés común para todos los estados miembros como
terrorismo, inmigración clandestina, política de asilo,
tráfico de drogas, la delincuencia internacional, las aduanas
y la cooperación judicial.
La creación de la Europol, germen de una futura policía
europea, es una de las novedades más destacadas en este ámbito.
Hay que señalar también en este terreno que en 1990
se firmó la denominada Convenio de Schengen, que desarrolla
el Acuerdo de Schengen para construir una Europa comunitaria sin fronteras.
La dificultosa
ratificación del Tratado de Maastricht
La ratificación del Tratado de Maastricht por los diversos
parlamentos nacionales estuvo plagada de dificultades. El simbólico
año de 1992, se vio ensombrecido por tres crisis que frenaron
el impulso europeísta que había traído la firma
en Maastricht del TUE el 7 de febrero de 1992:
• En primer lugar, Europa sufrió una grave y profunda
crisis económica que disparó las tasas de desempleo.
Los gobiernos y la opinión pública centraron su interés
en estas cuestiones, dejando a un lado la construcción europea.
• En segundo lugar, hubo graves tensiones monetarios que pusieron
en cuestión el Sistema Monetario Europeo y el objetivo de la
unión económica y monetaria (UEM).
• En tercer lugar, la UE se mostró incapaz de implementar
una política exterior y seguridad común en la crisis
yugoslava, que había traído de nuevo la guerra al continente
tras muchos años de paz.
En este ambiente tuvo lugar el primer proceso de ratificación
en Dinamarca. Tras un referéndum, el NO al Tratado de Maastricht
triunfó por una escasa diferencia de 50.000 votos. Un ola de
"euroescepticismo" se extendió a los demás
países. Sin embargo, las ratificaciones del Tratado fueron
poco a poco produciéndose en los demás países.
Francia, con un 51.4% de los votos a favor del SI fue la que ratificó
en un referéndum de una forma más ajustada el TUE.
Se inicio una negociación con Dinamarca, a la que se concedió
un protocolo especial de lo que se denomina en la jerga comunitaria
"opting out" (cláusula de exclusión), es decir,
la posibilidad de no seguir a los demás miembros en lo referente
a la tercera fase de la UEM (algo similar había conseguido
Gran Bretaña al firmarse el TUE) y en todo lo relacionado con
asuntos de Defensa. El 20 de mayo de 1993, el pueblo danés
aprobó este acuerdo con 53.8% de votos favorables en un referéndum.
El Tratado de Maastricht entró en vigor el 2 de Noviembre de
1993. En el Tratado se preveía su propia revisión, especialmente
en todo lo referido a la reforma de las instituciones a la vista de
las sucesivas ampliaciones de la Unión.
El desarrollo
de la Unión Europea (1993-1996) y la nueva ampliación
a la "Europa de los Quince" (1995)
En diciembre de 1994, concluyó el mandato de Jacques Delors
como presidente de la Comisión. Su sustituto fue el ex-primer
ministro luxemburgués, Jacques Santer.
Pese a las dificultades por las que pasaba la Unión y la vertiginosa
transformación del mundo en aquellos años, las candidaturas
al ingreso en la Comunidad continuaron presentándose en Bruselas:
Austria en 1989, Malta y Chipre en 1991, Finlandia, Noruega y Suiza
en 1992, aunque esta última retiró su candidatura meses
después tras un referéndum en el país helvético.
Las negociaciones con Austria, Suecia, Finlandia y Noruega se iniciaron
en 1993, y fueron sencillas gracias al alto nivel de desarrollo económico
de estos países. La ratificación de los Tratados se
fue realizando en los cuatro países en 1994 y los ciudadanos
de cada país fueron votando afirmativamente a la adhesión
con la excepción de Noruega. Aquí, el NO a la Unión
Europea triunfó con el 52.2% de los votos. Por segunda vez,
el pueblo noruego se negaba a ingresar en la Comunidad.
El 1 de enero de 1995 se producía la cuarta ampliación
de la Comunidad con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. Nacía
la "Europa de los Quince".
Tras seis meses de estudios de un "comité de sabios",
dirigidos por el representante español Carlos Westendorp, en
el Consejo de Turín, a inicios de 1996, se inició una
Conferencia Intergubernamental (CIG) cuya principal finalidad fue
la elaboración de un nuevo tratado, que reformara el Tratado
de Maastricht. Los objetivos se centraban en desarrollar la Europa
de los ciudadanos, fomentar el papel de la Unión Europea en
la política internacional, reformar las instituciones y abordar
la perspectiva de una nueva ampliación a la los países
aspirantes de Europa central y oriental. Tras una larga y compleja
negociación, se llegó finalmente a un consenso en la
reunión del Consejo Europeo celebrado en Amsterdam los dias
16 y 17 de junio de 1997. Nacía así el Tratado de Amsterdam.
El Tratado
de Amsterdam fue aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam (16
y 17 de junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros
de Asuntos Exteriores de los quince países miembros de la Unión
Europea. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 tras haber sido
ratificado por todos los Estados miembros, según sus propias
normar constitucionales.
Como documento jurídico, el Tratado de Amsterdam tiene como
objetivo modificar ciertas disposiciones del Tratado de la Unión
Europea, de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
(Paris y Roma) y de algunos actos relacionados con los mismos. No
sustituye a los tratados anteriores, sino que se les añade.
El Tratado de Amsterdam ha sido recibido con abundantes críticas
que se pueden resumir esencialmente en las siguientes:
• No ha dado una solución a uno de los grandes problemas
pendientes de la Unión: la adaptación de las instituciones
a una Comunidad cada vez más amplia. Unas instituciones pensadas
para un número inferior de estados miembros no son válidas
para la "Europa de los Quince" y, mucho menos, para la Unión
que surgirá con la futura adhesión de países
de la Europa central y oriental.
• Para la opinión más europeísta, no se
ha dado un paso lo suficientemente valiente hacia la unidad política,
reforzando el poder de las instituciones comunitarias, ni en temas
como la PESC o los asuntos de Justicia e Interior (JAI).
• No ha solucionado lo que se ha venido a denominar el "déficit
democrático" de la Unión. Las negociaciones para
la consecución de este Tratado han continuado basándose
en los tiras y aflojas entre los gobiernos y los estados, sin que
hubiera ni participación popular, ni información suficiente
y transparente. El papel del Parlamento Europeo, único órgano
comunitario elegido por el pueblo, no ha sido suficientemente potenciado.
El texto del tratado sigue siendo bastante complejo -consta de tres
partes, un anexo y trece protocolos-, y no es fácilmente inteligible
ni para los ciudadanos, ni, incluso, para los agentes jurídicos,
económicos y políticos que deben intervenir siguiendo
sus normas.
Pese
a todas esas insuficiencias, el Tratado de Amsterdam ha supuesto un
avance en el camino hacia la unidad europea. Vamos a dividir los avances
recogidos en el Tratado en cuatro grandes secciones:
Libertad, seguridad y justicia
El Tratado afirma que la Unión Europea se basa en los principios
de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Estos principios
son comunes a todos los estados miembros. En este sentido, posteriormente
en 1998, el Consejo Europeo reunido en Colonia, acordó que
la UE redacte y apruebe una Carta de Derechos Fundamentales. Esta
Carta vendrá a "comunitarizar" los principios generales
expresados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), aprobado
en 1950 en el marco del Consejo de Europa.
El artículo 6.2. del tratado afirma lo siguiente:
"La Unión respetará los derechos fundamentales
tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre
de 1950, y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario".
En lo referente a los derechos sociales, la gran novedad la constituye
que el Reino Unido, tras la llegada al poder del laborista Tony Blair,
se ha adherido al Acuerdo Social que iba anexo al Tratado de Maastricht.
Este protocolo ha sido incluido en el Tratado de Amsterdam y, por
él, los estados miembros se comprometen a respetar los derechos
sociales recogidos en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales, aprobada
en 1989, conocida normalmente como Carta Social. La Unión Europea
puede en adelante actuar en los ámbitos de salud y seguridad
de los trabajadores, las condiciones de trabajo, la integración
de las personas excluidas en el mercado laboral o en la igualdad de
trato entre hombres y mujeres.
Se prevé la posibilidad de que un Estado miembro viole los
derechos fundamentales y se regula los pasos y medidas que puede adoptar
la Unión contra este estado. La política de sanciones
adoptada por la UE contra Austria en febrero del 2000 por el acceso
al gobierno austriaco de miembros del partido ultraderechista de Jörg
Haider, muestra esta actitud general de defensa de los derechos fundamentales
y de prevención contra posturas atentatorias contra estos derechos.
Se establece el principio de no discriminación y de igualdad
de oportunidades como una de las directrices básicas de la
política de la UE. El Consejo se compromete a adoptar todo
tipo de medidas contra la discriminación por motivos de sexo,
de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual. También se
refuerza el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Como la libre circulación de personas hace necesario crear
sistemas de información a escala europea, se refuerzan las
garantías de protección de datos personales.
La Unión se compromete a establecer progresivamente un espacio
de libertad, de seguridad y de justicia común.
Todo lo referido a la libre circulación de las personas, control
de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y cooperación
judicial en materia civil pasa a formar parte del "pilar comunitario"
en un proceso gradual de varios años.
En este sentido, los Acuerdos y el Convenio de Schengen quedan incluidos
en el Tratado. El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedan fuera voluntariamente
y, por tanto, se reservan el derecho de ejercer controles sobre las
personas en sus fronteras.
Un importante avance ha sido el que cuatro grandes países europeos,
España, Italia, Alemania y Francia, acordaran el 28 de julio
del 2000 la eliminación de la obligación de obtener
un permiso de residencia a los ciudadanos de la UE. La medida se aplicará
a todos los nacionales comunitarios aunque no haya reciprocidad.
La cooperación policial y judicial en materia penal (racismo
y xenofobia, terrorismo, tráfico de drogas y armas, trata de
seres humanos y delitos contra los niños, corrupción
y fraude) siguen incluidos en el "tercer pilar" de Justicia
y Asuntos de Interior (JAI), y por tanto son materia de cooperación
intergubernamental. Se fijan diversos objetivos como facilitar la
colaboración entre las autoridades judiciales, facilitar la
extradición entre Estados miembros, y fomentar la colaboración
policial. Así, se establece un programa gradual de fomento
de las actividades de la Europol u Oficina Europea de Policía.
La Unión
y el ciudadano
Además de desarrollar el concepto de ciudadanía europea,
el Tratado recoge diversas medidas que tratan de poner al ciudadano
común en el centro de las preocupaciones de la Unión:
• Se introducen medidas que fomentan la intervención
comunitaria en la lucha contra el desempleo, el respeto del medio
ambiente y la protección de los consumidores.
• Se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder
a los documentos de las instituciones de la UE y a comunicarse con
ella en cualquiera de las doce lenguas oficiales de la Unión
(español, portugués, francés, italiano, inglés,
irlandés o gáelico, neerlandés, alemán,
danés, sueco, finlandés y griego).
Política exterior común
La dramática ruptura de Yugoslavia y la vuelta de la guerra
a nuestro continente ha mostrado la urgente necesidad de que la Unión
se halle en condiciones de actuar y prevenir, y no solamente reaccionar
ante los acontecimiento exteriores. La crisis yugoslava puso, de nuevo,
en evidencia la debilidad de los estados europeos cuando reaccionan
de manera dispersa ante una crisis internacional.
El principal problema de la política exterior y de seguridad
común (PESC) puesta en marcha por el Tratado de Maastricht
es la evidentemente desproporción que hay entre unos objetivos
ambiciosos y los medios escasos con los que cuenta la Unión
para llevarlos a cabo.
La principal novedad que introduce el tratado es la creación
de lo que los periodistas han denominado el Sr. PESC. Javier Solana,
antiguo ministro español y ex-secretario general de la OTAN,
ha sido en 1999 el primer europeo designado para este puesto. El Alto
Representante para la PESC, que tienen también el cargo de
Secretario General del Consejo de la UE, es el encargado de asistir
al Consejo en las cuestiones que correspondan a la PESC y de contribuir
a la formulación de una política exterior comunitaria.
Su principal función es la de personificar en un cargo concreto
la aún naciente política exterior y de seguridad de
la Unión. Solana también ha sido nombrado en 1999 Secretario
General de la UEO.
En el terreno de la defensa el tratado simplemente plantea, como objetivos
a largo plazo, la adopción de un política de defensa
común y la futura integración de la Unión Europea
Occidental (UEO) en la Unión Europea. La creación del
denominado Euroejército en 1992 fue un tímido paso hacia
una política de defensa común.
La reforma de las instituciones comunitarias
En la perspectiva de la aún pendiente reforma institucional,
totalmente necesaria ante la ampliación de la UE a los países
de Europa central y oriental, el tratado de Amsterdam ha ampliado
las competencias del Parlamento europeo, ha introducido algunas reformas
en el funcionamiento de la Comisión y el Consejo de la UE y
ha reforzado las funciones del Tribunal de Cuentas, del Comité
Económico y Social y del Comité de las Regiones.
Un hecho clave es que se ha abierto la posibilidad de lo que se ha
venido en denominar "cooperación reforzada" entre
algunos estados miembros. Es decir, la posibilidad de que un grupo
de países que quieran ir más lejos de lo previsto en
los Tratados en la integración en diversos aspectos, puedan
hacerlo en el marco de la Unión Europea. Se trata en definitiva
de que el ritmo de la integración no lo marquen los países
más reacios a la integración, y que aquellos estados
deseosos de ceder más competencias a la Unión puedan
caminar más rápidamente en el camino de la unidad. Los
periodistas han denominado a la Europa que surgiría de la aplicación
de estas "cooperaciones reforzadas" de muy diversas maneras:
Europa "a la carta", Europa "de distintas velocidades",
o la Europa "de geometría variable".
La conciencia de la insuficiencia de las reformas institucionales
acordadas hizo que en el mismo tratado se acordara la convocatoria
de una Conferencia intergubernamental (CIG), para hacer una revisión
general de las instituciones de la Comunidad, antes de que la Unión
llegara a tener más de veinte miembros.
Los problemas pendientes
La Comisión presentó en Bruselas el 9 de julio de 1997
la llamada "Agenda 2000". En este documento se recogieron
las perspectivas de evolución de la Unión Europea y
de sus políticas cara al siglo XXI, los problemas derivados
de la ampliación hacia el centro y el este de Europa, y, por
último, el marco financiero.
Estos son los principales problemas que ha tenido que hacer frente
la Unión Europea hasta el año 2000:
• Reforma de los Fondos estructurales, que quedaron centrados
en tres objetivos: regiones por debajo del 75% de la renta media de
la UE, regiones que se enfrentan con perentorias necesidades de reestructuración
económica y social, y otro tipo de regiones no cubiertas en
los dos objetivos anteriores y donde se deben modernizar sus sistemas
de enseñanza, formación y empleo. El primer tipo se
llevaba 2/3 del total presupuestado. Los Fondos de Cohesión
se mantienen de forma similar, centrándose en los estados cuyo
PNB per cápita es inferior al 90%. El gran problema que quedó
planteado para el futuro fue la reforma de estos fondos con el futuro
ingreso de los países del centro y este de Europa, bastante
menos desarrollados que los que actualmente se benefician de los fondos.
• Reforma de la PAC, que seguía absorbiendo un enorme
porcentaje del total del presupuesto comunitario. Esta reforma se
encontró con la oposición cerrada de los campesinos
beneficiados.
• La financiación del presupuesto comunitario era otro
de los temas de debate. Algunos de los países ricos, como Alemania,
se quejaban de la desproporción entre lo que aportaban a la
Comunidad (en torno al 28,2% del total) y lo que recibían vía
Fondos Estructurales y PAC (aproximadamente el 12,8% del total de
las transferencias). Evidentemente, los países menos ricos
se negaron a un reequilibrio de las aportaciones.
• La culminación de la Unión Monetaria y Económica
en el 2002.
La quinta
ampliación de la Unión Europea
El año 1989 trajo una transformación radical de nuestro
continente. La caída de los sistemas comunistas, la disgregación
de la Unión Soviética, la aparición de nuevos
estados, la guerra en Yugoslavia ... transformaron radicalmente el
centro y el oriente de Europa.
La adhesión a la Comunidad Económica Europea (Unión
Europea desde 1992) fue vista desde un principio por los nuevos países
como el mejor medio para solventar sus dos principales problemas:
• El asentamiento de sistemas democráticos, basados en
el respeto de los derechos humanos.
• La transición de un sistema comunista planificado a
una economía de mercado. Esta transición, nunca antes
realizada en la historia, se tenía que dar en medio de una
profundísima crisis económica.
El otro gran problema al que se enfrentaban estos países era
el de la seguridad en un contexto de inestabilidad (disgregación
de la URSS, ruptura violenta de Yugoslavia...). Los nuevos gobiernos
democráticos vieron a la OTAN, la alianza militar occidental
liderada por EE.UU., como la mejor garantía para su seguridad.
Pese a las protestas y desconfianza de Rusia, la heredera de la URSS,
en 1999, Hungría, Polonia y la República Checa pasaron
a formar parte de esta asociación.
La historia volvía a pesar en las grandes decisiones políticas
europeas. Los países de Europa central y oriental utilizaron
todo tipo de presiones sobre EE.UU. para unirse a la OTAN y sobre
las potencias europeas, especialmente Alemania, para iniciar el proceso
de adhesión a la UE, y todo ello fundamentalmente por razones
de seguridad: librarse definitivamente de la influencia rusa.
Es evidente que la ampliación hacia los países de la
Europa central y oriental (PECO), Chipre, Malta y Turquía representaba
para la Unión Europea un empeño histórico y una
enorme oportunidad. La adhesión de nuevos Estados miembros
iba a incrementar el peso específico y la influencia de la
Unión en la escena internacional.
El tema de la ampliación dominó la política europea
de los años siguientes. Los países de la Europa central
y oriental, así como Chipre, Malta y Turquía, tenían
situaciones económicas y políticas muy diferentes, lo
que coloca a la Unión Europea ante retos institucionales y
políticos sin precedentes.
La primera necesidad que se planteó a la UE fue la de la reforma
de unas instituciones que no podían ser válidas para
la nueva Unión que iba a venir tras la adhesión. Esta
reforma planteaba importantes desencuentros entre los estados miembros:
la composición de la Comisión, el voto ponderado de
cada país, los poderes del Parlamento.
Para solventar esas diferencias se convocó una Conferencia
Intergubernamental (CIG) que debería culminar en una cumbre
en Niza a fines del 2000.
El gran problema de fondo era el atraso y las dificultades económicas
de estos países, lo que hacía que, pese a los enormes
esfuerzos emprendidos por los PECO, su integración en la Unión
sea una tarea extremadamente delicada, ya que repercutirá en
los diversos fondos y políticas (Fondos Estructurales y de
Cohesión, PAC) que conconformaban la política de la
Unión.
Ya desde 1989, la UE aprobó un programa de ayuda financiera
(programa PHARE), y, desde 1991, se comenzaron a firmar los primeros
acuerdos de asociación, denominados Acuerdos europeos con los
países aspirantes a la adhesión.
El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 calificó de legítimas
las aspiraciones de los PECO a integrarse en la Unión Europea.
Europa no podía entenderse sin estos países. Es destacable
como allí no se habla de "acceder" a la UE, sino
de "volver a Europa" tras el período comunista.
En este Consejo se acordaron unos criterios de adhesión que
los aspirantes debían cumplir:
• existencia de instituciones estables garantes de la democracia,
la primacía del Derecho, el respeto de las minorías
y su protección (criterio político),
• contar con una economía de mercado viable y con la
capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y
a las fuerzas de mercado en el interior de la Unión Europea
(criterio económico),
• capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la
adhesión y, en concreto, la de suscribir los objetivos de la
Unión política, económica y monetaria (criterio
de la asimilación del acervo comunitario).
En el Consejo de Madrid de 1995 comenzaron a aflorar problemas de
fondo: ¿Cómo iba a afectar la ampliación en las
políticas comunitarias: PAC, Fondos estructurales y de cohesión,
financiación de la Comunidad? ¿Cuál sería
su repercusión para los países miembros que más
se benefician de esos fondos y políticas, como es el caso de
España? La Agenda 2000, aprobada en 1997, fue, en parte, la
propuesta de reformas que se dio a estos interrogantes.
En otro orden de cosas, en los países más ricos de la
Unión se empezó a temer que, con la libre circulación
de personas, tras la adhesión de los PECO se produjera una
verdadera avalancha de inmigrantes. Este miedo ha propiciado la fortaleza
de partidos xenófobos de extrema derecha como el partido de
Haider en Austria.
En 1997, la Comisión Europea, en la denominada Agenda 2000,
publicó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión
de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania. Estos dictámenes
se elaboraron partiendo de los criterios de Copenhague. La Comisión
propuso una primera tanda de ampliación que incluye a cinco
países: Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República
Checa. Las negociaciones con Chipre se iniciarán seis meses
después de finalizada la Conferencia intergubernamental. La
situación de los demás países debía volverse
a examinar cada año. Este dictamen lógicamente provocó
una gran polémica en los países excluidos de este grupo
de "países avanzados".
Ante las dificultades económicas de todos estos países,
especialmente en el terreno industrial y medioambiental, la Agenda
2000 estableció ayudas financieras, concretadas posteriormente
en el Consejo europeo de Berlín de 1999, en apoyo al proceso
de preadhesión de los países candidatos. La ayuda de
preadhesión que se concederá a los países candidatos
de la Europa central y oriental a partir del año 2000 se cifrará
en principio a 21 millardos de euros para el periodo entre los años
2000 y 2006 y constará de tres grandes capítulos, a
saber:
• programa PHARE: 10,5 millardos de ecus (1,5 millardos de euros
al año). Desde 1997 se ha centrado sobre las dos prioridades
esenciales vinculadas a la adopción del acervo comunitario:
la capacidad institucional y administrativa de los países candidatos
(30% del presupuesto) y la financiación de las inversiones
en infraestructuras (70%
• una ayuda al desarrollo agrario, el denominado Instrumento
Agrícola de Preadhesión (SAPARD), de 3,5 millardos de
euros (500 millones de euros al año);
• una ayuda denominada Instrumento Estructural de Preadhesión
centrada infraestructuras, especialmente en los ámbitos del
transporte y del medio ambiente. Además, esta ayuda hará
posible que los países en cuestión se familiaricen con
las modalidades de puesta en práctica de los Fondos estructurales
y de cohesión.
En 1998 se establecieron con los PECO aspirantes a la adhesión
las denominadas Asociaciones para la Adhesión cuyo objetivo
es coordinar las ayudas entregadas y fijar las prioridades para la
adaptación a la legislación comunitaria. Chipre sigue
un modelo distinto.
Ese mismo año se iniciaron las negociaciones de adhesión
con Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República
Checa.
A esas alturas la adhesión de Turquía, Malta y Chipre
no estaba aún clara. La dos islas mediterráneas superarán
sus dificultades y se unirán a la Comunidad en el 2004. El
caso turco, pese a la "luz verde" dada ese mismo año
para la apertura de negociaciones, parece que llevará más
tiempo y dificultades.
La Conferencia
Intergubernamental de los países miembros de la Unión
tenía como principal desafío poner las bases de una
Unión ampliada hacia el este. A los doce países del
este y el Mediterráneo que ya habían iniciado negociaciones
(Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia
y Eslovenia, en una primera tanda, Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta,
Rumania y Eslovaquia, en un segundo grupo) , había que añadir
a Turquía. La candidatura de este país euroasiático
y musulmán fue oficialmente admitido en el Consejo Europeo
de Helsinki en diciembre de 1999, aunque las negociaciones se pospusieron
hasta que el gobierno de Ankara no cumpliera los criterios políticas
de acceso en todo lo referido a la protección de minorías
y respeto de los derechos humanos. El problema kurdo, evidentemente,
estaba en la mente de los negociadores europeos.
En esta perspectiva y en un ambiente de no demasiado optimismo, la
agenda de la cumbre de Niza tenía estos puntos principales:
Para evitar que la futura Unión de 27 o 28 miembros quede bloqueada
es necesario reducir drásticamente el número de decisiones
que necesitan la unanimidad de todos los miembros. La Comisión
proponía que el sistema de mayoría cualificada se convirtiera
en la norma general.
La reducción del número de comisarios, necesidad impuesta
por la ampliación.
La reponderación del voto de cada país. La ampliación
y la necesidad de tener en cuenta el peso demográfico de los
países, esencialmente el de Alemania, imponían esta
reforma.
La "proclamación" de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea
El debate previo hacía prever que durante la cumbre se iban
producir diversos choques:
Alemania trataría de conseguir más votos en el Consejo
de Ministros de la UE. Francia, pese a tener 59 millones de habitantes
frente a los 82 de Alemania, se negaba a romper el equilibrio de poder
en el que se había sustentado la Unión desde sus orígenes.
Algo similar pretendía Holanda (15 millones de habitantes)
frente a Bélgica (10 millones). El gobierno de Bruselas se
negaba en rotundo a perder el equilibrio de poder con su vecino del
norte.
La obligada reducción del número de comisarios implicaba,
según los "países grandes", Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia y España, el que los "países
pequeños" se quedaran sin un comisario fijo en la Comisión.
Estos países se negaban en rotundo a esta posibilidad.
La Comisión intentaba reducir el poder del Consejo. Se afirmaba
que había que acabar con "la cultura del veto". Los
Gobiernos nacionales, representados en el Consejo, se negaban a perder
su poder de veto en los grandes asuntos como fiscalidad, inmigración,
cohesión, seguridad social...
El Tratado
de Niza
Los observadores han señalado casi unánimemente que
en el arduo debate que tuvo lugar en la cumbre de Niza entre los representantes
de los países miembros se primó el interés nacional
y faltó una visión realmente europea que superara las
ambiciones concretas de cada nación. No obstante, tras muchos
tiras y aflojas, se mantuvo la tradición de la Unión:
finalmente se llegó un acuerdo. Para los más optimistas,
es la única manera realista de ir avanzando. Para los más
pesimistas, el impulso europeo está cediendo fuerza.
Sea como fuere, estos son los principales acuerdos recogidos en el
Tratado de Niza, por el que el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y algunos otras
normas de la Unión han sido reformados:
La agria polémica entre países "grandes" y
"pequeños", concretada en el contexto ibérico
en la pugna entre España y Portugal, por el reparto de votos
en el Consejo fue el elemento que engendró más tensiones
en la cumbre. Finalmente, se acordó una nueva ponderación
de votos para los países actualmente miembros y para los futuros
socios. Esta nueva distribución entrará en vigor a partir
del 1 de enero del 2005 en el caso de los miembros actuales y para
los nuevos países cuando ingresen en la Unión. El nuevo
sistema otorga 29 votos a los "cuatro grandes", Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia. Se mantiene la paridad entre Francia
y Alemania pese al desequilibrio demográfico entre ambos países.
España obtuvo 27 votos, igual que Polonia cuando ingrese. Los
demás países obtienen votos progresivamente menores
hasta alcanzar los 3 votos que obtiene Malta.
Se establece un sistema complicado de mayorías y minorías
que permite tres vías distintas para bloquear cualquier decisión
del Consejo:
Cuando la Unión tenga 27 miembros el total de votos en el Consejo
será de 345. Se fija el umbral de la mayoría cualificada
en 255 y se establece una minoría de bloqueo en 88 votos. Estos
significa que tres países "grandes" y uno "pequeño"
podrán siempre bloquear cualquier decisión.
Nunca se podrá aprobar una propuesta por mayoría cualificada
cuando haya una mayoría simple de Estados que se oponga.
Por último, se establece lo que se ha denominado "cláusula
de verificación demográfica": para conseguir una
mayoría se necesita que los estados que apoyen la propuesta
reúnan, al menos, el 62% del total de la población de
la Unión. Esta es la compleja fórmula hallada para dar
mayor peso a Alemania, el país más poblado de la Unión
con 82 millones de habitantes. El gobierno de Berlín, con el
apoyo de otros dos países "grandes", podrá
bloquear cualquier decisión. Los demás "grandes"
necesitan el concurso de los cuatro países "grandes"
para ejercer el bloqueo.
El Parlamento Europeo se compondrá de 732 escaños, en
lugar de los 626 actuales. Alemania contará con 99 diputados,
72 los otros "grandes", y España y Polonia tendrán
50. Los escaños en el Parlamento han servido para compensar
las disparidades en el reparto de votos en el Consejo.
En el 2005, los países que actualmente tienen dos comisarios
(Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) pasarán
a tener uno. Cuando la Unión tenga 27 miembros, se tendrá
que decidir "por unanimidad" el número definitivo
de comisarios que deberá ser inferior a 27. Se diseñará
un un sistema de rotación "igualitaria", de manera
que la composición de la Comisión reflejo de forma satisfactoria
el peso demográfico de los miembros y las diversas zonas geográficas
europeas. En este tema, uno de los grandes terrenos de batalla entre
"grandes" y "pequeños", no se ha podido
alcanzar una solución definitiva aunque se han diseñada
las grandes líneas del futuro acuerdo.
Se refuerzan los poderes del Presidente de la Comisión, que,
en adelante, será designado por mayoría cualificada,
no por unanimidad como ahora, y cuyo nombramiento deberá ser
sometido a la aprobación del Parlamento Europeo.
Aumenta el número de temas, unos cuarenta, esencialmente de
carácter técnico, en los que las decisiones se toman
por mayoría cualificada. Sin embargo, en aspectos "sensibles"
para diversos países se mantiene el derecho de veto. Es el
caso de los asuntos sociales y de cohesión para España,
los asuntos de fiscalidad para el Reino Unido, el tema de asilo e
inmigración en el caso alemán, o las cuestiones de libertad
comercial en el terreno cultural y audiovisual para Francia.
Se abre la posibilidad de que algunos países decidan ir más
deprisa en asuntos relacionados con la integración. Es lo que
se ha venido a denominar la "Europa de dos velocidades".
Sin embargo, se ponen límites a esta capacidad:
Al menos deben ser 8 países miembros los que opten por iniciar
una "cooperación reforzada".
Quedan excluidas de este mecanismo las políticas comunitarias,
las cuestiones relacionadas con el Tratado de Schengen, lo que afecte
negativamente al mercado interior y los asuntos de defensa y fabricación
de armamento.
Estos son, entre otros, los principales acuerdos de la Cumbre de Niza.
A instancias de Alemania, los quince países miembros han acordado
convocar una nueva conferencia para el año 2004 en la que se
trataría de ir más allá de lo conseguido en Niza.
Aspectos como delimitar de forma precisa las competencias de la Unión
y de los estados miembros, abordar el estatuto legal de la Carta de
Derechos Fundamentales proclamada por los Quince al inicio de la cumbre
de Niza, el papel de los Parlamentos nacionales en la construcción
europea o la simplificación y clarificación de la compleja
maraña legislativa en que se han convertido los Tratados son
los principales objetivos de esa nueva cumbre.
En 26 de febrero del 2001, los líderes europeos, reunidos de
nuevo en la capital de la Costa Azul, procedieron a la firma del Tratado
de Niza.
El presidente francés, Jacques Chirac, y presidente en ejercicio
de la Unión Europea durante ese semestre, el primer ministro
sueco Goran Persson, hicieron declaraciones en las que insistieron
en negar la afirmación de que "el espíritu europeo
no sopló en Niza". Para ambos, el tratado es suficiente
y realista y abre el paso a la incorporación de nuevos países
a partir del 2002.
El ministro de asuntos exteriores alemán Joscka Fischer ha
puesto de nuevo en el tapete el asunto de fondo: la necesidad de elaborar
una Constitución Europea que sistematice, clarifique e impulse
el proceso de integración.
Los problemas
de la ratificación
El alejamiento existente entre la dinámica institucional hacia
una mayor unidad europea y la opinión popular ha vuelto a ponerse
de manifiesto y, en este caso, de forma sorpresiva.
Pese a la campaña en favor de todos los partidos políticos
importantes, los irlandeses rechazaron en referéndum ratificar
el Tratado de Niza en junio del 2001.
Con una escasa participación electoral, el 53.87% de los irlandeses
rechazaron el Tratado de Niza. El resultado de este referéndum
abre interrogantes sobre el proceso de ampliación, aunque el
gobierno de Dublín se apresuró a prometer una renegociación
y en un segunda referéndum que podría abrir paso a cláusulas
excepcionales para Irlanda.
El éxito de la campaña en contra desarrollada por los
Verdes y varios grupos de izquierdas y Organizaciones No Gubernamentales
ha vuelto a demostrar la creciente desconfianza de los ciudadanos
europeos por el déficit democrático de la UE.
De Niza
a Laeken
En el mismo momento en el que se llegaba al acuerdo político
sobre el Tratado de Niza, en diciembre del año 2000, el Consejo
Europeo, consciente de las limitaciones del texto acordado en la ciudad
francesa, concluyó un acuerdo sobre la revisión de los
Tratados. Se trataba de continuar el proceso de adaptación
de las instituciones a la nueva Unión que surgiría de
la ampliación y de hacer que el nuevo tratado surgiera de un
amplio debate en el que participara el mayor número de ciudadanos
y agentes sociales.
Así, el Consejo Europeo aprobó una Declaración
sobre el futuro de la Unión que se publicó como un anexo
al Tratado de Niza.
Esa declaración marcaba los cuatro grandes temas sobre los
que debía encauzarse el debate y la reflexión:
• El establecimiento de una delimitación de competencias
más precisa entre la Unión y los estados miembros, partiendo
del principio de subsidariedad.
• El status que se debía conferir a la Carta de Derechos
Fundamentales proclamada en Niza.
• La simplificación de los tratados, haciéndolos
más claros y comprensibles para la ciudadanía.
• El papel de los parlamentos nacionales en la construcción
europea.
El año 2001 presenció la firma del Tratado de Niza en
febrero. Este acontecimiento quedo, sin embargo, completamente oscurecido
por los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York. El brutal
atentado terrorista contra el World Trade Center neoyorkino transformó
de forma radical el escenario internacional.
¿Cuál fue la reacción europea ante el ataque
brutal a su aliado norteamericano? En principio, la solidaridad fue
unánime y absoluta. Desgraciadamente, cada país buscó
su propia forma de relacionarse con el gigante norteamericano golpeado.
Cuando la administración Bush reaccionó al golpe recibido
y comenzó a tomar decisiones claramente unilaterales, la aparente
unidad europea se disolvió como un azucarillo. La PESC seguía
siendo un proyecto de futuro.
Sin embargo, tal como es su costumbre, la Unión reaccionó
ante la crisis marchando hacia adelante. En diciembre del 2001 el
Consejo de la Unión reunido en Laeken adoptó una Declaración
sobre el futuro de la Unión Europea, conocida como la Declaración
de Laeken, que suposo un valiente paso adelante.
Se aprobaba así una vieja reclamación de los círculos
europeístas, la redacción de una Constitución
de la Unión. Se trataba de dotar a la UE de un texto que la
hiciera más democrática, más transparente, más
eficaz y más unida. En unos tiempos de grandes convulsiones
mundiales, los líderes de la Unión optaron por dar una
paso más adelante en el proceso de integración.
La Convención Europea y la ampliación de la Unión
Europea
Para redactar la Constitución se acordaron dos pasos:
• Se creó la Convención Europea, integrada por
un centenar de representantes del Parlamento Europeo, los Gobiernos,
la Comisión y los Parlamentos nacionales (también en
el caso de los 12 países candidatos), que estaría presidida
por el ex presidente francés Giscard D'Estaing. Esta Convención
debería de elaborar un proyecto de Constitución.
• La última palabra sobre las reformas que se debieran
adoptar la tendría una Conferencia Intergubernamental (CIG)
que debía de celebrarse entre el 2003 y el 2004.
La Europa que acababa de estrenar el Euro el 1 de enero del 2002 se
enfrentaba a un ambicioso desafío.
La Convención abrió sus puertas en febrero del 2002
y sus trabajos se prolongaron hasta julio del 2003. Tras arduos trabajos
y largos debates, el foro presidido por el ex presidente francés
presentó un proyecto de Tratado constitucional europeo. Las
principales pegas las puso el gobierno español descontento
con el nuevo reparto de poder acordado. El gobierno de Madrid se negó
a perder la posición ventajosa en el Consejo de la UE que había
conseguido en el Tratado de Niza.
Durante las reuniones de la Convención, la Unión culminó
su más ambiciosa apuesta, la adhesión de un gran número
de antiguos estados de la Europa comunista. En la cumbre de Copenhague
en diciembre del 2002, los 15 aceptaron convertirse en los 25. Diez
nuevos países: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre se convertirían
en miembros de pleno derecho de la Unión el 1 de mayo del 2004.
La solemne declaración firmada por los 25 e incorporada al
Tratado de Adhesión que se firmó el 16 de abril del
2004 en Atenas afirmaba:
"Nuestra meta es una sola Europa (...) Es nuestra voluntad común
hacer de Europa un continente de democracia, libertad, paz y progreso
(...) La UE seguirá esforzándose por evitar nuevas líneas
divisorias en Europa y por fomentar la estabilidad y la prosperidad
dentro de nuestras fronteras de la Unión y más allá
de ellas. Anhelamos trabajar juntos en nuestro empeño conjunto
por alcanzar ese objetivo".
El difícil
acuerdo sobre la Constitución
Antes de la histórica ceremonia de Atenas, la Conferencia Intergubernamental
(CIG), compuesta por los estados miembros y los que estaban a punto
de adherirse, inició sus trabajos el 4 de octubre del 2003
bajo la presidencia italiana de la Unión.
Muy pronto surgió el mismo problema que ya había aparecido
en la Convención. El gobierno español, secundado por
el polaco, se resistió a perder la cuota de poder alcanzada
en Niza. La nueva propuesta de la Convención, negociada y renegociada
entre los gobiernos, alejaba al gobierno de Madrid de la influencia
de los "grandes": Alemania, por delante de todos, Francia,
el Reino Unido e Italia.
El impasse lo vino a romper la brutal aparición del terrorismo
islámico en Madrid el 11 de marzo del 2004.
Ante la amenaza común los países europeos reaccionaron
limando sus diferencias y acelerando el proceso de integración.
A ello vino a ayudar la victoria socialista en las elecciones españolas
celebradas el 14 de marzo, sólo tres días tras la tragedia
madrileña. El nuevo líder español, Rodríguez
Zapatero aportaba un talante más dialogante y proeuropeo, y
más alejado de Washington, que su predecesor Aznar.
Los fastos de la "reunificación europea" con la entrada
de los diez nuevos países miembros de la Unión reforzaron
aún más el impulso en búsqueda de un acuerdo
sobre la futura Constitución.
Por otro lado, un factor negativo, la baja participación en
las elecciones europeas de junio, sirvió de acicate para que
los políticos europeos pusieran fin a sus continuas negociaciones
y llegaran a un acuerdo.
Finalmente, el 19 de junio del 2004, tras tensas y largas negociaciones,
los líderes europeos alcanzaron el consenso sobre una nueva
Constitución Europa para 455 millones de habitantes de 25 diferentes
países.
El 30 de octubre, en la misma sala del Capitolio romano donde se firmó
el Tratado de Roma en 1957, los líderes europeos firmaron solemnemente
la primera Constitución Europea de la historia. Se iniciaba
el largo y complejo proceso de su ratificación.
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